La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, acudió este jueves a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para verificar el estado de salud y la situación legal de los 13 detenidos durante la toma del Ministerio de Trabajo en La Paz.
Las aprehensiones ocurrieron el miércoles después de que un grupo de trabajadores fabriles ingresó al edificio estatal en medio de protestas convocadas para exigir un incremento salarial y medidas frente a la crisis económica y de abastecimiento de carburantes que atraviesa el país.
Entre los arrestados figuran 12 hombres y una mujer, identificados como dirigentes y afiliados del sector fabril.
Obreros y maestros se encontraban propiciando una marcha en el centro paceño, donde la Policía intervino con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
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El comandante policial Henry Pinto afirmó que los movilizados retuvieron a funcionarios públicos dentro del Ministerio de Trabajo, extremo que derivó en las detenciones.
El ministro de Trabajo, Edgar Morales, también denunció que trabajadores y funcionarias no podían abandonar el edificio durante la protesta.
Tras los hechos, el vocero presidencial José Luis Gálvez informó que el Ministerio de Trabajo presentará denuncias penales contra los involucrados. “No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios”.
La Central Obrera Boliviana (COB) y sus afiliados exigen un aumento del 20% al salario mínimo, mejoras en las pensiones y determinaciones para enfrentar la inflación y la escasez de dólares que golpean a la economía.
