Jueces y vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz reivindicaron la independencia judicial y exigieron garantías para ejercer funciones en condiciones seguras.
El pronunciamiento se produjo en una reunión con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, en medio de recientes hechos de violencia.
“Una de las garantías es brindar seguridad para asegurar la independencia judicial como servicio a la población boliviana”, afirmó Saucedo tras el encuentro.
Órgano Judicial
La cita se desarrolló en Santa Cruz, donde en los últimos días se registraron hechos delictivos que generaron preocupación en el sistema judicial.
El último, que conmocionó al Órgano Judicial, ocurrió la noche del jueves, caundo el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, fue abatido con cuatro disparos.
Al respecto, Saucedo Consideró que se trata de «un mensaje» de la criminalidad al Órgano Judicial.
Durante la reunión, las autoridades judiciales respaldaron la necesidad de fortalecer la seguridad para jueces y operadores del sistema.
Asimismo, remarcaron que su labor se desarrolla sin presiones externas, aunque insistieron en la necesidad de apoyo estatal para garantizar condiciones adecuadas.
Independencia
Los juzgadores coincidieron en que el contexto actual exige medidas urgentes para proteger la integridad de quienes administran justicia.
En ese marco, solicitaron al Gobierno implementar acciones concretas que permitan resguardar el funcionamiento del Órgano Judicial.
Saucedo también se refirió a la carta presentada por la Sala Plena ampliada y advirtió sobre posibles decisiones en caso de falta de respuesta.
“Si no tenemos respuestas en 72 horas, volveremos a reunirnos para asumir otras determinaciones”, señaló la autoridad judicial.
TSJ
El titular del TSJ enfatizó que la seguridad es un componente esencial para el ejercicio independiente de la justicia en el país.
El encuentro refleja la preocupación creciente dentro del sistema judicial ante el impacto de la inseguridad en el desempeño institucional.
Las autoridades coincidieron en que garantizar la independencia judicial implica también asegurar condiciones materiales y protección efectiva para sus operadores.
El pronunciamiento se da en un contexto de tensión que ha reactivado el debate sobre la seguridad y el rol del Estado frente a la justicia.
