Un conversatorio realizado en La Paz, impulsado por la Coordinadora de la Mujer, evidenció que Bolivia aún no garantiza una respuesta efectiva frente al acoso y la violencia política contra mujeres, a 14 años de la vigencia de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Autoridades, expertas y organizaciones coincidieron en que persisten fallas estructurales, falta de protección inmediata y altos niveles de impunidad.
La experta en género del Centro Europeo de Apoyo Electoral (CEAE), Katia Uriona, aseguró que el principal problema no radica en la ausencia de normativa, sino en su aplicación. “Se ha trasladado la responsabilidad a las mujeres (…) el Estado no responde. Hoy no hay mecanismos efectivos de protección ni de sanción”, afirmó.
También advirtió que el sistema político mantiene prácticas excluyentes. “La violencia no es un efecto colateral, es un mecanismo para excluirlas del poder”.
Desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Durby Blanco alertó sobre un retroceso en derechos. “Las conquistas no están garantizadas”, indicó. Ratificó que la violencia política impacta de forma directa en la participación y permanencia de las mujeres en espacios de decisión.
El debate también puso en evidencia una brecha entre representación y poder. Gabriela Murillo explicó que, pese a la alta presencia femenina en el Legislativo, los cargos importantes continúan en manos de hombres.
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Datos de la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) reflejan la persistencia del problema: en 2023 se registraron 151 casos de acoso y violencia política; en 2024 hubo 118; en 2025 se reportaron 76; y en lo que va de 2026 ya suman 32 denuncias.
Su representante, Maribel Mita, advirtió que concejalas enfrentan presiones, retención de salarios y agresiones sin protección efectiva.
Desde la Defensoría del Pueblo, Nelson Churqui señaló que existen mecanismos de protección poco utilizados y una débil articulación institucional. En la misma línea, Paola Carballo recordó que la Ley 243 contempla un sistema de atención inmediata, aunque su activación resulta limitada.
El evento fue organizado junto a instituciones como el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el Órgano Electoral, la Defensoría, ACOBOL y organismos internacionales. Durante la apertura, Christine Roth advirtió que la violencia política se volvió “sistemática” y que la paridad no garantiza igualdad real.
Las participantes coincidieron en un diagnóstico común: Bolivia avanzó en leyes y representación, pero aún enfrenta un reto urgente para asegurar condiciones reales de ejercicio político para las mujeres.
