El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, planteó este jueves la necesidad de reformular la ley de tierras vigente, cuyos criterios datan de 1953, y propuso abrir un debate nacional para construir una normativa acorde a la realidad actual.
“Hay que discutir una ley integral con los siguientes temas: primero, regular el mercado de tierras (…), revisar el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) e incorporar el componente ambiental en la legislación agraria; si no se abordan estos temas con la integralidad necesaria, se puede generar un espacio de alta conflictividad”, afirmó.
Callisaya señaló que la futura normativa debe regular el mercado de tierras, revisar el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) e incorporar un enfoque ambiental.
De ese modo, consideró necesaria su actualización de acuerdo con las actuales dinámicas productivas, sociales y ambientales. Resaltó la importancia de revisar aspectos relacionados con la extranjerización de la tierra y la protección de derechos colectivos.
En relación con la movilización de sectores campesinos del norte del país, informó que un intento de diálogo en la localidad de Collana no logró avances, mientras la marcha ya se encuentra en el municipio de Palos Blancos, en el departamento de La Paz.
Pese a ello, la Defensoría del Pueblo mantiene tareas de monitoreo sobre el desplazamiento de los manifestantes.
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Callisaya exhortó al Gobierno y a los sectores movilizados a retomar el diálogo y construir consensos amplios, al considerar que la problemática agraria ha marcado la historia del país y requiere soluciones que garanticen estabilidad y paz social.
El uso de la tierra fue un punto neurálgico en el proceso histórico del país debido a la colonia, cuando se instauró un modelo de concentración en grandes haciendas y se subordinó a las comunidades indígenas, una estructura que dejó profundas desigualdades y marcó las disputas por el acceso, la propiedad y el control del territorio.
La evolución agraria se define por hechos y normas importantes. Una de las más relevantes de la historia contemporánea es la reforma de 1953 (producto de la Revolución Nacional de 1952), que eliminó el latifundio y la servidumbre.
Posteriormente, surgió la Ley INRA, del Instituto Nacional de Reforma Agraria, de 1996 (bajo el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada), que introdujo el saneamiento y reconoció las tierras indígenas.
Años después, durante el gobierno de Evo Morales, se aprobó la reforma de 2006 (Ley 3545), que profundizó la redistribución y recondujo el proceso, mientras que la normativa de TCO (actuales TIOC) consolidó la propiedad colectiva indígena.
Veinte años después, se promulgó la Ley 1720 de reconversión de tierras, que autoriza al INRA a convertir de forma voluntaria la pequeña propiedad titulada en mediana propiedad para conseguir créditos con el banco.
