El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) atraviesa uno de los momentos más complejos desde su creación. Hay cuestionamientos respecto de la reducción de magistrados, la imposibilidad de conformar sala plena y las críticas a su línea jurisprudencial.
Constitucionalmente, el TCP está conformado por nueve magistrados, uno por cada departamento. Sin embargo, las elecciones judiciales parciales del 17 de diciembre de 2024, marcaron un quiebre en su composición. Tras los comicios, fueron electos cuatro, mientras que cinco prorrogaron su mandato.
TCP
Actualmente, el TCP cuenta con cuatro magistrados: La presidenta, Paola Prudencio (Oruro), Ángel Dávalos (Chuquisaca), Amalia Laura (Potosí) y Boris Arias (La Paz).
Todos los elementos descritos abrieron un escenario de incertidumbre institucional que enfrenta dos miradas: la validez formal de sus decisiones y el creciente desgaste de su legitimidad.
Mientras algunos actores sostienen que el órgano mantiene su vigencia jurídica, otros advierten que la crisis actual limita su funcionamiento y debilita su rol como garante de la Constitución.
La exmagistrada y exsenadora Silvia Salame ofrece una lectura que separa el plano jurídico del político. A su juicio, las decisiones del TCP no están en entredicho en términos formales.
“Si bien la situación del TCP es difícil, las sentencias dictadas en las Acciones de Garantías tienen plena validez”, dijo en entrevista con La Razón.
Vocales
Sin embargo, ese reconocimiento no implica desconocer el deterioro institucional. Salame advierte que la legitimidad del Tribunal se ha erosionado en los últimos meses.
“El desgaste es notorio, sobre todo porque (magistrados) convivieron con los prorrogados”.
En el actual escenario, el Tribunal opera sin la totalidad de sus miembros, lo que limita su margen de acción y condiciona la resolución de temas estructurales.
Desde una mirada más crítica, el analista político Carlos Saavedra considera que la situación no solo es delicada, sino estructuralmente problemática dentro del diseño constitucional vigente.
“En el actual esquema constitucional es un problema grave, porque la sala plena del Tribunal Constitucional es la que puede dirimir el control del cumplimiento de la Carta Magna”.
Validez
La imposibilidad de reunir esa sala plena genera un vacío operativo en una institución que concentra atribuciones clave para el sistema democrático. Para Saavedra, el problema no es solo técnico, sino de poder.
“El Tribunal Constitucional siempre ha sido un suprapoder, porque tenía una facultad extraordinaria que es la de la interpretación del espíritu del texto constitucional”, dice.
En ese marco, la actual configuración incompleta del TCP deja a ese “suprapoder” sin capacidad de funcionamiento pleno, lo que repercute directamente en el control de constitucionalidad de leyes, decretos y decisiones estatales.
“Hoy ese espacio está descabezado porque no puede convocar una sala plena y eso genera que una institución que tiene tanto poder no pueda funcionar normalmente”, añadewww
Análisis
La discusión no se limita al funcionamiento interno del Tribunal. Un pronunciamiento suscrito por académicos, constitucionalistas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos el expresidente de la otrora Corte Suprema de Justicia y exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé cuestiona el contenido de sus recientes decisiones, señalando un retroceso en la protección de derechos fundamentales.
El documento advierte que el TCP adoptó una línea jurisprudencial restrictiva que limita el acceso a la justicia constitucional, imponiendo mayores exigencias probatorias incluso en casos sensibles.
“Se evidencia un debilitamiento del rol del Tribunal como garante de los derechos fundamentales”.
Este cuestionamiento apunta a un cambio en la orientación del Tribunal, que —según los firmantes— se aleja de principios como la favorabilidad y la progresividad en materia de derechos humanos. Además, alertan sobre la reducción del alcance de mecanismos clave como la acción de libertad.
Trabajo del TCP
El pronunciamiento no solo identifica problemas, sino que plantea la necesidad de retomar estándares más altos de protección, especialmente para sectores en situación de vulnerabilidad.
En este escenario, el debate sobre el TCP se conecta directamente con una discusión más amplia: la reforma judicial. Para el expresidente y exmagistrado Eduardo Rodríguez Veltzé, cualquier cambio debe trascender iniciativas aisladas.
En términos de responsabilidades, Salame identifica al Órgano Legislativo como el principal actor en la actual crisis, al no haber resuelto la situación de los magistrados faltantes.
“Si bien en el anterior gobierno hubo mucha injerencia del Ejecutivo, el responsable directo es el órgano legislativo”.
Reforma
La falta de acción del Legislativo se refleja también en la ausencia de soluciones concretas frente a propuestas planteadas desde el propio Tribunal. Entre ellas, la posibilidad de modificar la normativa para permitir el funcionamiento con menos magistrados, una alternativa que ha generado controversia.
Para Saavedra, ese tipo de iniciativas abre un dilema jurídico de fondo, ya que podría implicar una contradicción con la Constitución.
En ese contexto, la salida más clara desde el punto de vista constitucional sería una elección complementaria que permita completar la conformación del Tribunal. Sin embargo, tanto Salame como Saavedra coinciden en que esa opción enfrenta obstáculos políticos.
El debate está abierto y varios actores exigen a la Asamblea una nueva elección.
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