La Justicia dispuso detención domiciliaria para el exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) Bladimir Iraízos, investigado por un presunto daño económico de Bs 14,3 millones.
La medida fue definida por la vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Rosmery Pabón, quien revocó una resolución anterior que ordenaba su detención preventiva por seis meses.
Exinterventor de EPSAS
El fallo fue emitido durante una audiencia de apelación realizada el 3 de marzo, dejando sin efecto la decisión del juez Elmer Laura, que había determinado la reclusión del imputado al identificar riesgos procesales.
Como parte de las nuevas disposiciones, Iraízos deberá permanecer en su domicilio y presentar dos garantes con solvencia económica que aseguren su presencia ante la Justicia.
La resolución también establece restricciones adicionales, como la prohibición de comunicarse con testigos del caso y de acudir a instalaciones vinculadas con Epsas.
Tuberías
En la determinación inicial, el juez Laura había advertido peligro de fuga, y recordó que el imputado no se presentó a citaciones previas, lo que derivó en la ejecución de una orden de aprehensión en febrero. Este argumento no fue considerado en la resolución de segunda instancia.
La investigación se originó en junio de 2021, cuando Iraízos ejercía funciones, a partir de observaciones en la adjudicación de un contrato a la empresa peruana La Llave SA.
El contrato contemplaba la provisión de más de 3.000 tuberías de acero, que fueron entregadas con retraso y sin cumplir requisitos técnicos esenciales, como el recubrimiento interno necesario para garantizar la calidad del agua potable.
Proceso
En el mismo proceso también están implicados los exinterventores Jaime Gutiérrez y Alfredo Ayala, además de la ciudadana peruana Ana Rosa Pimentel, quien suscribió el contrato por la empresa proveedora.
El consultor en agua y saneamiento José María Herbas cuestionó la determinación judicial y expresó preocupación por lo que considera señales de debilidad en el proceso.
El especialista también señaló que el exinterventor no habría asistido a otras convocatorias judiciales relacionadas con casos de contratación irregular dentro de la misma empresa pública.
