El Gobierno anunció este viernes que analiza la posibilidad de iniciar acciones legales frente a las denuncias que apuntan a presuntos cobros y ofrecimientos irregulares durante la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, en la Asamblea Legislativa.
El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, rechazó las acusaciones y afirmó que carecen de sustento. “El que acusa tiene que probar”.
A su vez, sostuvo que no se permitirá que este tipo de versiones queden en la especulación. “Esas acusaciones son temerarias y estamos evaluando porque hay límites”.
Las versiones surgieron después de una maratónica sesión, en la que Medinaceli recibió el respaldo mayoritario del Legislativo y evitó la censura. En ese contexto, algunos legisladores denunciaron un supuesto esquema que incluía el uso de códigos QR, promesas de cargos y la entrega de “maletines” a cambio de votos.
Desde el Ejecutivo, estas acusaciones fueron calificadas como graves y sin evidencia. Santamaría aseguró que el Gobierno desmiente de forma categórica esas prácticas y señaló que no existen pruebas de que se hayan concretado.
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“No nos consta que eso haya pasado”. También advirtió que no se permitirá la instalación de narrativas que busquen desacreditar la institucionalidad.
En cuanto al resultado de la interpelación, el viceministro afirmó que responde a una correlación de fuerzas legítima dentro del Legislativo.
El ministro fue interpelado en la Asamblea, ya que es considerado responsable por la mala calidad de la gasolina que dañó varios vehículos y, además, por un presunto sobreprecio en la importación de combustibles.
