El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este lunes el informe final de la jornada electoral subnacional, resaltando el trabajo institucional desplegado en todo el país y asegurando que, “pese a incidentes puntuales, el proceso se desarrolló con normalidad”.
“La Defensoría del Pueblo ha estado en 57 municipios a nivel nacional. Hemos hecho un monitoreo desde 895 recintos electorales y hemos desplegado más de 800 personas, entre voluntarios y personal”, informó Callisaya.
Entre los principales hallazgos, se evidenció que el 26% de los recintos no son accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida, debido principalmente a la falta de rampas y la presencia de gradas.
Asimismo, en el 21% de las mesas no se cuenta con espacios adecuados para el voto asistido, pese a que en el 43% de las mesas se registraron solicitudes de este tipo.
En cuanto a la participación, se verificó que el 79% de las mesas cuentan con al menos un delegado de organizaciones políticas, mientras que el 21% no tiene presencia de delegados.
También se identificó una brecha de género en la presidencia de mesas, con un 66% de hombres frente a un 34% de mujeres, pese al sorteo paritario.
Respecto al registro de denuncias, la institucional defensorial reportó 353 denuncias ciudadanas, de las cuales el 65,2% fueron subsanadas oportunamente. Según detalló la autoridad, los departamentos con mayor número de denuncias son Oruro (90 casos), La Paz (67) y Santa Cruz (64).
Entre los casos más recurrentes se encuentran los problemas vinculados a la emisión de certificados de impedimento (77 casos), otros (74), instalación de mesas fuera de horario (64), voto preferente (59) y voto asistido (39), entre otros.
Entre los casos más relevantes; en la ciudad de La Paz, se observaron largas filas para la obtención de certificados de impedimento, además de deficiencias en la atención preferente a personas adultas mayores y mujeres embarazadas. En Pisiga (Oruro), se gestionó la entrega de 350 certificados de impedimento para garantizar este derecho.
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Asimismo, se registraron incidentes puntuales como la suspensión de la votación en localidad de Exaltación en el departamento del Beni y en San Ignacio de Velasco en Santa Cruz por problemas logísticos, las cuales fueron atendidas y seguidas por personal defensorial para garantizar el normal desarrollo del proceso.
Respecto a la conflictividad electoral, la Defensoría del Pueblo registró ocho casos a nivel nacional. En el municipio de La Paz se reportaron tres hechos: un mitin de protesta en el penal de San Pedro debido a la demora en la apertura de mesas, la agresión a una persona adulta mayor presuntamente por parte de un funcionario policial y un enfrentamiento entre votantes por la pérdida de una papeleta de sufragio.
En Santa Cruz se identificaron tres casos vinculados a la suspensión de mesas por errores en las papeletas, el hallazgo de papeletas presuntamente marcadas y un enfrentamiento entre periodistas y personal de seguridad de un candidato. En Beni se registró incidentes que impidieron la instalación de cuatro mesas en un recinto electoral; mientras que en Cochabamba se reportó la agresión a una mujer tras la ruptura de una papeleta de sufragio.
La institución defensorial también registró un caso de intolerancia en el municipio de Tarija, un ex candidato fue desalojado del recinto por realizar control del voto sin estar habilitado. “En cada una de estas circunstancias se ha ido presentando la Defensoría del Pueblo para generar una situación de seguimiento o, en su caso, de intervención”, afirmó Callisaya.
En el marco del monitoreo a poblaciones en situación de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo supervisó 111 centros, incluyendo recintos penitenciarios (19), celdas de detención (13), hospitales (35), centros de acogida (11), centros de reintegración (11) y Regimientos militares y policiales (20), otros (2) verificando en cada uno el ejercicio del derecho al voto y gestionando soluciones en casos específicos.
La autoridad felicitó a la ciudadanía por su participación y civismo. “Debemos felicitar a la población boliviana por su asistencia a los recintos electorales, la votación socializada y el valor cívico que ha permitido llevar adelante esta jornada”, a tiempo de destacar el apoyo del Centro Europeo de Asistencia Electoral, cuya cooperación permitió el monitoreo de derechos humanos en tiempo real, fortaleciendo la labor de la Defensoría del Pueblo en todo el país.
