La reciente aprehensión y extradición del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset Cabrera volvió a colocar a Bolivia en el foco internacional del narcotráfico. Era uno de los criminales más buscados y estaba incluido en la lista de la agencia antidrogas de la DEA.
El caso de Marset se suma a una larga lista de episodios que, durante más de cuatro décadas, han vinculado al país con redes transnacionales de droga, extradiciones y escándalos que alcanzaron incluso a altas autoridades estatales.
Uno de los símbolos más oscuros es el de Luis Arce Gómez, exministro del Interior durante la dictadura de Luis García Meza (1980-1981). Apodado el “Ministro de la cocaína”, fue extraditado a Estados Unidos en 1989 por delitos vinculados al narcotráfico.
Regresó a La Paz en 2014 y fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Murió a los 82 años, cumplía una condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno de García Meza.
En la misma época emergió Roberto Suárez Gómez, considerado el mayor narcotraficante boliviano del siglo XX y conocido como el “Rey de la cocaína”. Su organización abasteció a carteles colombianos, incluido el de Pablo Escobar, y llegó a influir en decisiones políticas y militares.
Suárez Gómez fue condenado a 15 años por tráfico de droga y permaneció en prisión hasta 1996. Pocos años después, un infarto lo fulminó. Fue detenido tras el hallazgo de más de una tonelada y media de cocaína en su hacienda.
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Décadas después, su legado criminal continuó con su sobrino Jorge Roca Suárez, alias “Techo e Paja”, quien operó como proveedor de cocaína para redes internacionales y pasó casi 30 años en cárceles estadounidenses antes de regresar a la región y enfrentar nuevos procesos.
Regresó a Bolivia en 2018 y, unos meses después, logró beneficiarse con detención domiciliaria. Un par de años más tarde fue capturado nuevamente en Lima (Perú), acusado de narcotráfico.
El narcotráfico también golpeó directamente a las instituciones encargadas de combatirlo, como es el caso del general retirado René Sanabria, quien fue detenido en 2011 y posteriormente condenado en Estados Unidos por traficar cocaína.
Ese mismo año fue arrestado en Panamá y extraditado a Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. La justicia norteamericana lo condenó a 14 años de prisión. En 2022 retornó al país y fue procesado por tráfico de drogas y lavado de activos.
Situación similar ocurrió con el excoronel Maximiliano Dávila, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), extraditado y declarado culpable en Nueva York, EEUU, por proteger cargamentos de droga destinados a ese país.
Dávila, considerado uno de los hombres de confianza durante el gobierno de Evo Morales, fue detenido en Villazón (Potosí) en enero de 2022, acusado de legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico. Permaneció en prisión hasta su extradición en diciembre de 2024.
Otro antecedente relevante es el del coronel retirado José Faustino Rico Toro, extraditado en 1991 a Estados Unidos, donde recibió una sentencia de cuatro años de prisión por tráfico de estupefacientes, aunque solo cumplió dos antes de regresar a Bolivia.
Uno de los casos más recientes que develó un escándalo en los altos mandos policiales fue el de Pedro Montenegro Paz. Fue extraditado a Brasil en 2019 y sentenciado por tráfico internacional tras investigaciones que lo señalaron como proveedor de droga hacia ese país e Italia.
La justicia brasileña lo condenó a 11 años y ocho meses de cárcel y, según la investigación, montó un esquema para proveer droga mediante pagos a altas autoridades policiales bolivianas.
Otro de los casos más sonados fue el del narcotraficante Jesús Einar Lima Lobo Dorado, considerado un “pez gordo” dentro de las redes del crimen organizado, quien fue condenado a 14 años de prisión por la justicia de Brasil. La sentencia está vinculada a procesos por tráfico internacional de drogas y forma parte de las acciones del país vecino para desarticular estructuras que operan a nivel regional.
En los últimos años, los casos muestran estructuras criminales cada vez más complejas y globalizadas. El boliviano Víctor Hugo Áñez Vaca Diez fue extraditado desde Argentina a Estados Unidos, acusado de liderar un clan dedicado al tráfico de cocaína, metanfetamina y lavado de dinero.
Áñez Vaca Diez fue detenido en el aeropuerto de Buenos Aires en enero de 2022, a solicitud de Estados Unidos. Tenía una notificación roja emitida por Interpol.
Otro caso de alto perfil es el del exmayor policial Omar Rojas Echeverría, capturado en Colombia y acusado de coordinar envíos masivos de droga y armas hacia Norteamérica mediante rutas aéreas clandestinas.
Echeverría fue detenido en marzo de 2021, señalado de enviar al menos 100 toneladas de cocaína y armamento, según la revista colombiana Semana, citando información de la DEA. Era considerado uno de los mayores traficantes de la región y líder de una extensa red con enlaces en Perú, Venezuela, Brasil, México y Estados Unidos.
La figura de Marset, con operaciones en varios países sudamericanos, refleja esta nueva generación de narcotraficantes que actúan como empresarios criminales globales, con logística sofisticada y redes de corrupción para garantizar protección.
