El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, presentó este jueves ante la Asamblea Legislativa un paquete de cuatro proyectos de ley orientados a fortalecer y modernizar el sistema judicial del país, además de un anteproyecto de reforma del Código Civil para su futura consideración.
Saucedo explicó que las propuestas son el primer resultado del diálogo nacional sobre la transformación de la justicia realizado en noviembre pasado en Sucre, (Chuquisaca), sede del Órgano Judicial. El cual buscan dotar de herramientas legales para mejorar el funcionamiento de la administración de justicia.
“Hay temas muy estructurales que incluso se podría hablar de empezar a abrir la Constitución y generar ciertos debates que han salido dentro de este diálogo. Lo que pedimos es que nos ayuden como asamblea Legislativa a darnos las herramientas para seguir trabajando en las cosas que nos competen”, indicó.
Según la autoridad judicial, el primer proyecto plantea la modificación de la Ley 044 de Juicio de Responsabilidades para incorporar la garantía de la doble instancia en estos procesos, en cumplimiento de observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Según explicó Saucedo, esta modificación permitirá reactivar procesos que actualmente se encuentran paralizados por la falta de esa garantía procesal.
“Se nos restringe el poder continuar con los juicios de responsabilidad porque no existe la garantía de la doble instancia. En este proyecto de ley damos solución a esas observaciones y le pedimos que esta herramienta, subsanado esas observaciones podamos empezar a restablecer los juicios de responsabilidades”, indicó.
El segundo proyecto, según Saucedo, corresponde a al proyecto de Ley de Financiamiento para la Modernización Tecnológica del Sistema Judicial, que busca digitalizar los procesos judiciales, implementar el uso cero de papel y permitir el acceso virtual a expedientes y audiencias.
La iniciativa contempla una inversión de Bs 106 millones para modernizar inicialmente el sistema penal y plantea que los recursos provengan, por única vez, de la recaudación del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE).
“En el proyecto de ley buscamos que del Impuesto a los Consumos Específicos y se recaudan anualmente dos millones de bolivianos, solamente nos den de manera excepcional 160 millos de bolivianos”, explicó.
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Saucedo señaló que la digitalización permitirá reducir la mora procesal, transparentar los procesos y evitar cobros irregulares, además de facilitar que la población pueda acceder a información de sus procesos o seguir audiencias judiciales en línea desde cualquier parte del país.
El tercer proyecto propone la Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que busca actualizar una normativa vigente desde 1923.
La propuesta establece que los recursos depositados como cauciones o fianzas que no sean reclamados cinco años después de ordenada su devolución pasen a formar parte de los recursos propios del Órgano Judicial.
“Son dineros depositados por mucho tiempo a las arcas del Órgano Judicial y que siguen ahí sin poder ocuparlos. Lo que proponemos con esto es que si en cinco años después de haber sido ordenado la devolución de esos depósitos judiciales, las partes no reclaman que pasen a formar parte de los recursos propios”, planteó.
El cuarto proyecto plantea la modificación de la Ley 025 del Órgano Judicial, el cual consideró uno de los más importantes, busca garantizar que el Órgano Judicial reciba el 5% del Presupuesto General del Estado (PGE), con el objetivo de ampliar la cobertura judicial, crear nuevos juzgados y mejorar la infraestructura para la atención de la población.
“Recibimos menos del 0,5%. Hay instituciones en el Estado que tienen más presupuesto que un Órgano del Estado. Necesitamos darles mayores condiciones a los litigantes, necesitamos tener ambientes y condiciones donde puedan esperar sus juicios, sus audiencias”, dijo.
La autoridad también hizo referencia a un anteproyecto de reforma del Código Civil elaborado por juristas bolivianos, el cual será socializado a través de los tribunales departamentales para su actualización antes de ser nuevamente considerado por el Legislativo.
Saucedo señaló que estas iniciativas buscan responder a las necesidades estructurales del sistema judicial y mejorar las condiciones de acceso a la justicia para la población.
