El exministro de Gobierno Arturo Murillo hizo conocer este lunes una carta abierta dirigida presidente Rodrigo Paz en la que solicitó que se disponga una auditoría a los procesos judiciales que enfrenta, al considerar que existen irregularidades y una supuesta persecución política en su contra.
En la misiva, Murillo afirmó que lleva seis meses detenido en el Penal de San Pedro sin justificación procesal y sostiene que las causas en su contra fueron “fabricadas y forzadas”.
Además, pide que instancias del Ejecutivo, como el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría, revisen la legalidad de los procesos.
“Jamás me he quejado ni me he victimizado, porque no es mi estilo. Tampoco recurrí a pedir favores a ningún político. Tenía y tengo claro que, con la campaña de desprestigio que realizó el Movimiento al Socialismo en mi contra, la persecución contra todo aquel que trabajó conmigo o tuvo cercanía personal fue implacable”, indicó.
El exministro aseguró que decidió escribir al mandatario porque considera que él y su familia también fueron víctimas de persecución política en el pasado. En ese contexto, solicitó una revisión integral de su situación jurídica y afirmó que, si se determinara alguna responsabilidad, está dispuesto a asumirla.
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“En silencio busqué resolver los más de 28 procesos judiciales que me iniciaron, afrontando incluso cuatro detenciones preventivas. (…) Después de seis meses detenido, acusado en procesos fabricados y forzados, nada se mueve. Es evidente que el Ministerio Público y gran parte del poder judicial siguen en manos del MAS”, señaló.
En la carta, la exautoridad hizo referencia a varios procesos en su contra, entre ellos los casos relacionados con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la provisión de gases provenientes de Ecuador y Brasil, y un proceso vinculado a la adjudicación de un servicio de alimentación para efectivos encargados de tareas de erradicación de cultivos de coca.
Murillo sostuvo que en algunos de estos procesos se suspendieron reiteradamente las audiencias y que su detención preventiva no cumple ninguna finalidad procesal.
Asimismo, argumentó que en el caso de los denominados “gases Brasil” ya cumplió una condena en Estados Unidos y que corresponde aplicar el principio jurídico de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
En su carta, también cuestionó a exautoridades del anterior gobierno, como Evo Morales, a quienes responsabiliza de una supuesta persecución política, por lo que solicitó al mandatario ordenar una auditoría a todos sus procesos para determinar si existen irregularidades y esclarecer su situación jurídica.
“Solo pido algo simple y justo: ordene una auditoría a todos mis procesos. Si tengo algo que pagar, lo haré con gusto. Pero hoy cumplo seis meses injustamente detenido, con todos mis bienes secuestrados”, indicó.
Del mismo, denunció que la persecución habría alcanzado a miembros de su familia y a personas de su entorno. Según afirmó, se habrían confiscado bienes de sus familiares y encarcelado a allegados que, a su juicio, no tienen responsabilidad en los hechos investigados.
Murillo también sostuvo que es un perseguido político y mencionó los casos de Marco Antonio Aramayo y Róger Bákovic, quienes —según dijo— murieron tras enfrentar procesos judiciales.
