Con el voto favorable de más de dos tercios de los legisladores presentes, la Cámara de Senadores de Bolivia aprobó una Resolución Camaral que instruye dar celeridad a las investigaciones relacionadas con la producción y difusión del documental “¿Qué pasó el 26-J en Bolivia?”.
La determinación alcanza a exautoridades del Ministerio de Gobierno que ejercían funciones cuando el material audiovisual fue presentado públicamente en abril de 2025. El documental respaldaba la versión oficial sobre un presunto intento de golpe de Estado ocurrido el 26 de junio de 2024.
La resolución solicita acelerar los procesos contra el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo; el entonces viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera; y el exviceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos.
Senado
El Senado observa posibles responsabilidades en la utilización de recursos humanos y económicos del Estado para la elaboración del documental. Asimismo, cuestiona la difusión de imágenes y datos personales de ciudadanos investigados, que habrían sido expuestos sin autorización expresa.
El material fue producido por la Dirección de Comunicación del Ministerio de Gobierno durante la gestión del entonces presidente Luis Arce, quien sostuvo que fue víctima de un intento de ruptura constitucional.
La Cámara Alta considera que corresponde esclarecer si la producción del audiovisual se ajustó a la normativa vigente y si existió un uso indebido de bienes y personal públicos.
Asonada militar
El pronunciamiento legislativo reactiva la controversia política en torno al 26-J y abre una nueva etapa de fiscalización parlamentaria sobre la gestión comunicacional del Ministerio de Gobierno en la anterior administración.
Hasta el momento, las exautoridades mencionadas no emitieron una posición oficial respecto a la resolución aprobada por el Senado.
¿Qué pasó el 26 de junio de 2024? Ese día, el excomandante general del Ejército Juan José Zúñiga lideró a militares fuertemente armados con apoyo de tanquetas y vehículos blindados.
La intención de los efectivos era tomar el Palacio Quemado, donde estaba el entonces presidente, Luis Arce y sus ministros. Al ingresar al edificio histórico, el exmandatario freno su avance en la puerta. Le ordenó retirar el personal y los vehículos del Kilómetro Cero, pero el militar se insubordinó.
Investigación
De inmediato, Arce cambió el Alto Mando Militar, cuya primera orden fue replegar el personal y la logística. La noche de ese 26 de junio, Zúñiga quedó aprehendido.
Días después, fue trasladado desde el penal de Chonchocoro hasta la cárcel de El Abra, en Cochabamba. Eso, Actualmente, hay más de 100 personas investigadas por la asonada del 26 de junio; unas 30, entre ellas Zúñiga, están cauteladas.
A eso, el anterior Gobierno llamó un “Golpe de Estado fallido”, mientras que varios actores políticos y sectores advirtieron que se trató en un “autogolpe” y un “teatro”.
