El proceso por el caso Golpe de Estado I quedó reducido a un solo imputado luego de que la justicia dispusiera la extinción de la causa y el archivo de obrados a favor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, manteniendo únicamente al exlíder cívico Marco Antonio Pumari dentro de la investigación.
“A la fecha, simplemente continuaríamos el juicio contra Marco Antonio Pumari”, indicó el fiscal Walter Lora.
El fiscal explicó que la última actuación dentro del caso fue la audiencia realizada el viernes, en la que el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz consideró la excepción de extinción del proceso penal por duración máxima, planteada por la defensa de Camacho.
Señaló que la excepción fue declarada procedente, lo que derivó en la extinción de la acción penal contra el gobernador cruceño; sin embargo, precisó que el Ministerio Público, en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente, presentó la apelación correspondiente durante la audiencia.
Lora sostuvo que la apelación se fundamenta en que los argumentos expuestos por la defensa no corresponden ni fueron debidamente demostrados, ya que —según el Ministerio Público— no se cumplieron los requisitos que establece la ley para este tipo de excepciones.
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Asimismo, indicó que en el proceso existen varias personas declaradas en rebeldía y otras que ya se sometieron a un procedimiento abreviado durante el desarrollo de la investigación.
“Dada la existencia de personas declaradas rebeldes y de quienes ya fueron sometidas a procedimiento abreviado, simplemente continuaríamos el juicio en contra de Marco Pumari”, reiteró.
El lunes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la resolución emitida por el tribunal beneficia únicamente a Camacho y recordó que en este proceso aún existen personas con órdenes de aprehensión vigentes, entre ellas exministros y exaltas autoridades de las Fuerzas Armadas.
Mariaca exhortó a las personas declaradas en rebeldía a someterse al proceso penal y recordó que, si la autoridad jurisdiccional lo dispone, pueden defenderse en libertad y demostrar su inocencia ante un tribunal de sentencia.
Respecto a la extinción del proceso, el Fiscal General aseguró que se demostró que no existió inacción del Ministerio Público, ya que la comisión de fiscales estuvo conformada desde el inicio de la investigación.
El proceso investiga los hechos vinculados a la crisis política de 2019, cuando Evo Morales renunció a la presidencia en medio de denuncias de fraude electoral y movilizaciones sociales.
A denuncia de la exdiputada Lidia Patty, Camacho fue imputado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas, cohecho activo y asociación delictuosa, en su condición de entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
El juicio también incluyó a Marco Antonio Pumari y, en su momento, a la expresidenta Jeanine Áñez, quien quedó apartada del caso en 2024 tras ser juzgada en un proceso paralelo, conocido como Golpe de Estado II, cuya sentencia posteriormente fue anulada.
