El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ratificó este martes el apoyo del Gobierno al proyecto de ley antibloqueos. Afirmó que la posición oficial es clara frente a las medidas de presión que paralizan el país.
“La posición nuestra es clara. No podemos apoyar los bloqueos. Si no apoyamos los bloqueos, apoyamos la norma antibloqueos”, dijo la autoridad en entrevista con El Deber.
En criterio de Lupo, el bloqueo “no es un instrumento válido” dentro de un sistema democrático. Indicó que estas medidas no contribuyen a los procesos de diálogo ni a la resolución de conflictos.
Gobierno
Enfatizó que el Gobierno respeta el derecho a la protesta. Sin embargo, remarcó que existen manifestaciones en las que se vulneran derechos fundamentales de otros ciudadanos.
“El bloqueo impide el tránsito de personas y mercadería. Evita que la gente trabaje en libertad y genera violencia”, dijo el titular de la Presidencia.
Advirtió que estas acciones también incrementan el riesgo de enfrentamientos entre bolivianos. De hecho, Bolivia es uno de los países con mayor nivel de conflictividad en la región.
De manera recurrente, las carreteras fueron bloqueadas por varios sectores y diferentes demandas, incluso de alcance local. Estas medidas generaron pérdidas económicas “millonarias” —según reportó el Gobierno y sectores productivos—, especialmente en un contexto de crisis.
Ley antibloqueos
A inicios de este año, las carreteras estuvieron bloqueadas durante siete días consecutivos. La protesta fue impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), en medio de un escenario de tensión social.
Actualmente, la COB volvió a advertir con retomar medidas de presión si se aprueba la ley antibloqueos, pero otros sectores también expresaron su rechazo.
En este contexto, se presentaron al menos cuatro proyectos de ley para frenar los bloqueos.
Las iniciativas se encuentran en análisis en la Asamblea Legislativa. El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó que dos comisiones del Senado y una de Diputados evalúan las propuestas.
Se espera un informe unificado para definir el tratamiento legislativo.
Ante el rechazo de varios sectores a la implementación de la norma, uno de los proyectistas, el diputado Carlos Alarcón, planteó que la norma sea sometida a un referéndum, aunque la propuesta no fue formalizada.
