El presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, informó que el proyecto de ley antibloqueos se encuentra actualmente en etapa de análisis en el Órgano Legislativo. Específicamente, hay dos comisiones del Senado y una comisión de Diputados, como parte del procedimiento previo a su tratamiento en el pleno de ambas cámaras.
El legislador aclaró que la iniciativa no busca penalizar la protesta social en sí, sino cuestionar el uso del bloqueo como principal mecanismo de presión. “La sociedad puede protestar de distintas maneras. Lo que se está cuestionando es el método del bloqueo, que hoy es prácticamente el único instrumento de protesta y que causa muchísimo daño a los ciudadanos, a la economía del país y a la imagen del país como un todo”, dijo a los periodistas en La Paz.
Ley antibloqueos
Según explicó, las comisiones legislativas tienen un plazo inicial de 15 días para emitir un informe y elaborar una propuesta unificada. En ese marco, el titular del Senado señaló que se solicitó a las comisiones trabajar en un solo texto consensuado, con el objetivo de facilitar su posterior tratamiento legislativo.
Precisó que, una vez concluida la fase de análisis técnico, se abrirá un proceso de socialización sin un plazo límite definido. “No hay un tiempo establecido para la socialización. Debe ser el tiempo necesario para escuchar a los sectores involucrados”, sostuvo.
En ese contexto, Ávila confirmó que se convocará a las organizaciones sociales, incluida la Central Obrera Boliviana (COB), para participar del debate una vez que exista un informe formal de las comisiones. “Vamos a convocar a todas las organizaciones sociales que tienen que ver con el tema”, remarcó.
Comisiones
El presidente del Senado enfatizó que el objetivo es garantizar un tratamiento responsable y consensuado de la norma, considerando sus implicaciones sociales, económicas y políticas, antes de avanzar hacia su discusión y eventual aprobación en el Órgano Legislativo.
Varios sectores, como la COB y otros protestaron contra el mencionado proyecto, al que calificaron de “atentatorio” contra el derecho a la protesta. En su criterio, lo que se busca es “acalla” a quienes levantan la voz en protestas.
