El presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, informó este miércoles que la Presidencia de esa instancia tomó conocimiento formal de la interposición de una acción popular contra el presidente Rodrigo Paz por la emisión del Decreto Supremo 5503, la cual será notificada al mandatario por la Sala Constitucional.
“Esta Presidencia ha tenido conocimiento formal de la interposición de una acción popular en contra del Presidente (Rodrigo Paz) por la emisión de los decretos supremos 5503 y 5515”, señaló Quezada.
El martes se conoció que la Sala Constitucional admitió una acción popular interpuesta contra el Decreto Supremo 5503, que establece una serie de medidas económicas, entre ellas la eliminación de la subvención a los combustibles. La instancia judicial fijó la audiencia para este viernes a las 13:00.
La acción fue presentada por el abogado Wilmer Vásquez y está dirigida contra el presidente Rodrigo Paz, además de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y otras instancias del Estado.
El Gobierno promulgó en diciembre el Decreto Supremo 5503, norma que elimina la subvención a los combustibles e impulsa un paquete de medidas económicas, lo que generó controversia, protestas sociales y un incremento en los precios, con impacto directo en la población.
Quezada explicó que, en aplicación del principio de independencia judicial, la Sala Constitucional admitió la acción y que esta deberá ser resuelta conforme a los cánones constitucionales y legales vigentes.
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Precisó que el proceso se encuentra aún en la fase de admisión y que no existe una resolución sobre el fondo del caso, por lo que corresponde su sustanciación mediante audiencia, conforme al procedimiento establecido.
Asimismo, recordó que la acción popular tiene como finalidad la tutela de derechos colectivos o difusos, por lo que la Sala Constitucional, dentro de su competencia y de las garantías constitucionales que protege este recurso, deberá pronunciarse sobre el fondo de la demanda.
“Anticiparnos a un criterio sería irresponsable; el fondo de la acción corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional”, enfatizó.
En paralelo, sectores sociales, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), mantienen movilizaciones en demanda de la abrogación de la norma y anunciaron la radicalización de sus medidas de presión con el bloqueo de carreteras.
