El Consejo de la Magistratura informó que las intervenciones efectuadas en juzgados de La Paz, El Alto, Caranavi y Palos Blancos derivaron en 105 denuncias por lo que se abrirán procesos disciplinarios contra jueces y funcionarios judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de causas y atención al público.
El jefe nacional de Control y Fiscalización de la Magistratura, Marco Antonio Ibáñez, indicó que las intervenciones se ejecutaron entre el 4 y el 14 de noviembre, con operativos simultáneos en juzgados penales, civiles, laborales, de familia y contenciosos.
El trabajo contó con la participación de equipos técnicos de la oficina central, la oficina distrital y profesionales de la Unidad de Transparencia.
Ibáñez explicó que, además de la verificación administrativa, se instalaron mesas de denuncia en los ingresos a los juzgados de El Alto, donde ciudadanos pudieron reportar vulneraciones a sus derechos. Varias de estas quejas fueron atendidas de forma inmediata.
Entre las irregularidades recurrentes se detectaron retardación, abandono de funciones y manejo deficiente de expedientes
El funcionario detalló que la intervención evidenció maltrato a litigantes, retardación de justicia y negligencias que afectan el normal desarrollo de los procesos. También se encontraron irregularidades como: resoluciones sin firma desde hace meses; mora procesal en diversas materias; abandono de funciones por parte de jueces en horario laboral; libros procesales sin actas de apertura ni cierre y falta de oficios en causas penales y ausencia de descargos en libros diarios.
Los juzgados intervenidos son 27 en El Alto, 21 en La Paz, 2 en la zona Sur, además de 1 en Palos Blancos y 5 en Caranavi. “Los resultados han demostrado que sí existe retraso en la aplicación normativa y procedimental”, afirmó Ibáñez.
Asimismo, la Magistratura abrirá procesos contra servidores judiciales por faltas leves, graves y gravísimas, que pueden culminar en sanciones económicas o incluso destitución.
La institución también informó que la Unidad de Transparencia prepara una denuncia penal por uso de instrumento falsificado, atribuida preliminarmente a una secretaria de un juzgado de El Alto.
De acuerdo con la normativa, los procesos disciplinarios deben ser tramitados en un plazo aproximado de 30 días, aunque las decisiones podrán ser apeladas por los funcionarios investigados.
“El acceso a la justicia es un derecho de todos los bolivianos y su atención debe ser pronta y efectiva”, remarcó Ibáñez, asegurando que las labores continuarán a nivel nacional según el cronograma de intervención dispuesto por la Sala Plena.
