Tras el pedido del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, para que los magistrados “autoprorrogados” dejen sus cargos, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, ratificó que los magistrados prorrogados permanecerán en sus cargos hasta que sean elegidas nuevas autoridades mediante votación.
“En forma clara y precisa lo hemos manifestado. Hay una declaración constitucional de ello, y lo que corresponderá es que nuestra Asamblea Plurinacional realice la preselección en los departamentos que aún no han culminado esta etapa y tomando en cuenta que nosotros nos mantendremos hasta que vengan nuestros remplazos”, indicó Hurtado a radio Fides.
La declaración de Hurtado responde a la postura expresada por Saucedo donde calificó que una las instituciones que más “le ha causado daño” al país y la democracia es el TCP, “a través de los magistrados autoprorrogados”.
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“No podemos permitir que un puñado de personas destruyan la institucionalidad. La Asamblea ya aprobó en Senadores una ley para cesar el mandato de ellos y actualmente falta la consideración en Diputados. Hay dos caminos: renuncian inmediatamente a sus cargos porque no gozan de legalidad y legitimidad, o esperan ser expulsados como usurpadores de la Constitución y las leyes”, escribió Saucedo.
La postura del presidente del TSJ fue respaldada por los titulares del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y el Tribunal Agroambiental, Richard Méndez. Ambos pidieron a la Asamblea acelerar el tratamiento del proyecto de ley que dispone el cese de funciones de esas autoridades.
Hurtado reiteró que la sucesión en el TCP debe darse conforme lo establece la Constitución y que la responsabilidad de la preselección de candidatos corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.
“Nuestra declaración (constitucional) ha señalado de que debe realizarse lo más pronto posible”, recordó.
Sugirió además consultar a la Asamblea si se tiene previsto llevar adelante la preselección en en esta gestión, o si será responsabilidad de la futura Asamblea y de los nuevos asambleístas, senadores y diputados, del Órgano Legislativo.
