La expresidenta Jeanine Áñez pidió este viernes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Organización de Naciones Unidas (ONU) no ignorar las violaciones al debido proceso cometidas durante su detención.
“La CIDH y la ONU no deben desentenderse de la situación de los derechos humanos de TODOS los bolivianos víctimas del régimen del MAS”, dijo Áñez en su cuenta X.
Recordó que su “abusivo e ilegal encarcelamiento” comenzó el 13 de marzo de 2021 y denunció que el Gobierno vulneró sus garantías para privarla de libertad.
Áñez señaló que no puede existir justicia sin respeto al debido proceso ni investigaciones imparciales. “No puede haber justicia si no se respeta la jurisdicción y competencia”, enfatizó.
Jeanine Áñez
Añadió que “no se puede pedir justicia con jueces y fiscales sometidos a un gobierno que impunemente ha sometido hasta hace poco al Órgano Judicial”.
Los pronunciamientos de la exmandataria surgen tras la decisión de un tribunal que dispuso que el caso por la masacre de Senkata —ocurrida el 19 de noviembre de 2019 en El Alto— sea anulado en la vía ordinaria y remitido a un juicio de responsabilidades.
Lo mismo ocurrió en el caso de la masacre de Sacaba, acontecida el 15 de noviembre de ese año. Ahora, se espera que el Tribunal Supremos de Justicia (TSJ) se pronuncie respecto de un eventual juicio de responsabilidades contra la exmandataria.
CIDH y ONU
Áñez recordó a la ministra de Justicia, Jessica Saravia, las observaciones realizadas en 2022 por el relator especial de la ONU, Diego García-Sayán.
“El relator fue contundente al alertar sobre su preocupación por negarme el derecho a juicio de responsabilidades, por instrucciones de Evo Morales”, subrayó.
La exmandataria, detenida inicialmente por el denominado caso Golpe de Estado I y procesada además en varias causas, insiste en que su encarcelamiento respondió a motivaciones políticas.
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Anulados los procesos por los casos de Senkata y Sacaba, y apartada del caso Golpe de Estado I, Áñez tiene una sentencia condenatoria de 10 años en el caso Golpe de Estado II, por lo que sigue recluida en el penal femenino de Miraflores, en La Paz.
Procesos
El pronunciamiento de Áñez se suma a la posición de la CIDH y de la oficina de ONU Derechos Humanos. Ambos organismos alertaron este viernes sobre riesgos de impunidad.
Ambos organismos expresaron su preocupación por la anulación de procesos contra militares y policías en los casos Senkata y Sacaba.
El comunicado internacional sostuvo que estas decisiones judiciales contradicen recomendaciones previas y constituyen un retroceso en la búsqueda de verdad y justicia.
Áñez exigió que la CIDH y la ONU extiendan esa preocupación también a quienes —como ella— sufrieron detenciones que considera arbitrarias y violatorias de derechos fundamentales.
