El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recibió una segunda orden de detención preventiva en el penal de San Pedro, en el marco del caso denominado “Catering”, en el que se lo acusa de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.
La medida fue dispuesta por el Juzgado 12° de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz.
“Se determinó medidas cautelares en ambos casos. La detención ha sido por el proceso Catering, en dos licitaciones de contrataron de servicios. Hoy a las 14.00 es la audiencia de casos Ecuador”, informó Jaime Tapia, defensa legal de Murillo a Erbol.
El caso Catering se remonta a 2019, cuando Murillo, como ministro de Gobierno, habría favorecido de forma irregular a un empresario cercano en la adjudicación de contratos de alimentación a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
La empresa beneficiada, Gate Gourmet, obtuvo dos contratos: uno por casi Bs 26 millones para la provisión de alimentos en el Trópico, y otro por casi Bs 19 millones en la región de los Yungas.
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El fin de semana, Murillo también fue enviado con detención preventiva por seis meses al penal de San Pedro, en el marco del caso Gases Brasil.
Además, este lunes se desarrollará su tercera audiencia virtual, correspondiente al caso Gases Ecuador.
En febrero de este año, Murillo fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión junto a los exministros Luis Fernando López y Roxana Lizárraga por este mismo caso.
También fue condenado Héctor Pérez Ortiz, exfuncionario del gobierno de Jeanine Áñez, a tres años y cuatro meses de prisión.
El caso Gases Lacrimógenos de Ecuador está vinculado a hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2019, durante la crisis poselectoral. En esa fecha, los exministros de Gobierno, de Defensa y de Comunicación, junto al alto mando militar y policial, habrían acordado solicitar el préstamo de agentes químicos a Ecuador para enfrentar la convulsión social.
Un avión partió de Bolivia para recoger el material antidisturbios, y tres días después, el 19 de noviembre de ese año, fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas reprimieron una manifestación en Senkata, ciudad de El Alto, dejando un saldo de 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.
Según declaraciones testificales, la iniciativa de solicitar el préstamo de agentes antidisturbios fue impulsada por la entonces ministra de Comunicación, en coordinación con las autoridades ecuatorianas.
