En 2020, Lourdes Ninoska Pacheco Alave fue presentada erróneamente como autora del secuestro de la bebé Samantha. Lo hizo el mismo ministro de Gobierno de entonces, Arturo Murillo.
Deportada desde Estados Unidos la exautoridad el jueves, la víctima reclama su condena.
Murillo enfrenta una demanda por calumnias, difamación e injurias, debido a las acusaciones públicas realizadas en su contra durante la gestión de crisis. Entre los 15 casos pendientes que recordó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se encuentra el de Pacheco Alave.
Caso Samantha
La defensa legal de la mujer, encabezada por el abogado Frank Campero, informó que el proceso penal será reactivado.
El exministro regresó a Bolivia después de cumplir parte de su condena de 70 meses en Estados Unidos por lavado de dinero y sobornos vinculados al caso Gases lacrimógenos.
“El señor Murillo ya está en el país y se dará continuidad a este juicio para lograr una sentencia condenatoria”, dijo Campero en entrevista con Bolivisión.
El hecho que originó la demanda ocurrió en septiembre de 2020. En plena búsqueda de la bebé Samantha, Murillo presentó a Pacheco como presunta secuestradora ante los medios.
Arturo Murillo
Pocas horas después, la Policía confirmó su inocencia. Sin embargo, la rectificación por parte de la exautoridad nunca ocurrió, por lo que la afectada abrió en el proceso legal.
“La presentan como un trofeo, de manera abusiva. A las dos horas se dan cuenta que se equivocaron y Murillo no dice nada”, recordó Campero.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público días después del hecho. El juzgado admitió la demanda y citó a Murillo a una audiencia de conciliación. Sin embargo, el exministro nunca asistió. Fue declarado en rebeldía y el proceso continuó, aunque no pudo avanzar debido a su salida del país.
Campero confirmó que se solicitará una compensación económica por el daño moral causado a su defendida, cuya reputación fue seriamente afectada.
Proceso
“Luego se procederá al juicio, buscando una sentencia definitiva, ya sea absolutoria o condenatoria”, agregó el jurista durante la entrevista en Red Uno.
El abogado explicó que el proceso fue tramitado como causa privada. La notificación inicial fracasó porque Murillo declaró un domicilio en Cochabamba no registrado oficialmente.
Dado que los hechos ocurrieron cuando Murillo era autoridad, la defensa de Pacheco evalúa también iniciar acciones legales contra el Estado por responsabilidad institucional.
Murillo enfrenta además varios procesos judiciales abiertos en Bolivia desde su retorno el pasado jueves.
Uno de los más sonados es el caso Gases lacrimógenos, por el que este viernes estará ante un juez cautelar. El acto judicial está fijado para las 13.45.
