La canciller Celinda Sosa confirmó la mañana de este miércoles la deportación del exministro de Gobierno Arturo Murillo por parte de un juzgado de Migración de Estados Unidos.
“Hemos acompañado de manera constante en el seguimiento al proceso de deportación a fin de garantizar que el exministro pueda responder ante la Justicia boliviana por las condenas y los procesos en curso en el territorio nacional”, dijo en conferencia de prensa.
Acompañada de los ministros de Gobierno, Roberto Ríos, y de Justicia, Jessica Saravia, Sosa también dijo que el gobierno del presidente Luis Arce observó las etapas de su condena y cumplimiento de su sentencia en aquel país.
Colaborador de Áñez
El 20 de junio, el otrora colaborador y hombre fuerte del régimen de Jeanine Áñez, terminó su condena en una cárcel de Miami, sentenciado por lavado de dinero y soborno. Es que, en 2021 fue sorprendido en ese país al intentar ingresar millonarios fondos de manera irregular.
Se trataba del dinero del sobreprecio en la compra de material antidisturbios a través de una intermediaria, que, según las investigaciones en Bolivia, alcanzaba $us 2,3 millones.
Se prevé que Murillo llegue a las 04.30 de este jueves al aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.
Según explicó el ministro Ríos, inmediatamente arribe a suelo boliviano, Interpol, la Policía Boliviana y la Dirección General de Migración verificarán la identidad del hombre y lo registrarán para procedimientos posteriores.
Mandamiento de aprehensión
“Posteriormente, se hará una validación legal y se va a iniciar con la coordinación interinstitucional; entre Interpol y la Fiscalía se va a proceder a dar cumplimiento a la ejecución del mandamiento de aprehensión”, explicó.
El siguiente paso será el traslado de Murillo a una zona de seguridad especial para luego esperar su traslado al aeropuerto internacional de El Alto, de donde será llevado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), en La Paz.
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Luego será transferido al Ministerio Público para “la prosecución del trámite del proceso, con toda la documentación y evidencia que se ha podido construir”.
“Una vez que el Ministerio Público toma conocimiento, va a ser remitido ante una autoridad competente, un juez”, detalló Ríos.
Medidas cautelares
“Esperamos, en este caso, que la Justicia determine, dando cumplimiento a la sentencia que se ha emitido en esos casos, sea trasladado al recinto penitenciario de San Pedro, donde tiene que cumplir esta condena”, dijo la autoridad.
Sin embargo, el ministro aclaró que el Gobierno es respetuoso de la decisión que adopte la Justicia, que deberá determinar “cuál va a ser la situación jurídica de Arturo Murillo”.
Según recordó la ministra Saravia, el exministro cuenta con dos sentencias en rebeldía en Bolivia: Gases Ecuador, por el ingreso irregular no solamente de agentes químicos, sino también de armamento desde Ecuador, Gases Lacrimógenos, por la comprar con sobreprecio de material antidisturbios en 2019.
A la semana de haberse proclamado presidenta, Áñez ordenó a los ministerios de Defensa y de Gobierno la compra de agentes químicos con el fin de usarlos para contrarrestar las protestas sociales contra su gobierno.
Sobreprecio
Según las investigaciones, la compra fue hecha a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS), que pagó a la empresa brasileña Cóndor $us 3,3 millones por el lote de gases lacrimógenos y material antimotín.
Sin embargo, de acuerdo al contrato, el Estado boliviano dispuso de $us 5,6 millones para la adquisición. Se presume que el sobreprecio fue de $us 2,3 millones.
Se presume que ese saldo fue repartido entre Murillo, su otrora jefe de gabinete Sergio Méndez, Philip Lichtenfeld y Bryan y Luis Berkman. Éstos confesaron el delito y fueron también sentenciados en Estados Unidos.
En 2022, según conoció La Razón, Murillo también admitió la comisión de los delitos y acordó su “deportación obligatoria”.
Decisiones del TSJ
Su eventual llegada a Bolivia coincide con un clima de tensión política y social ocasionado por el Instructivo 018/2025, firmado el 22 de agosto por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.
La resolución obligó a los tribunales revisar los casos judiciales de Áñez y los otrora líderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, que resultaron favorecidos por sendas resoluciones, en algunos casos con anulación de obrados, en otros, detención domiciliaria, y en algunos, libertad pura y simple.
Los casos más complejos son los referidos a las masacres de Sacaba y Senkata, que entre el 15 y 19 de noviembre de 2019 terminaron con 20 fallecidos a bala, que involucran también a Murillo. Ambos expedientes fueron anulados y Áñez remitida a un eventual juicio de responsabilidades.
