El procurador general del Estado, Ricardo Condori, advirtió este domingo que el cumplimiento de las 36 recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está en riesgo tras la decisión judicial de liberar a los exlíderes cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.
“Con las decisiones que han tomado algunos operadores de justicia estos últimos días, está en riesgo el cumplimiento efectivo de esas recomendaciones que ha sido revisado por estos organismos internacionales, más propiamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en un apronte de incumplir dichas situaciones y al incumplir el Estado va a ser responsable”, afirmó Condori en entrevista con Bolivia Tv.
El informe del GIEI emitió 36 recomendaciones dirigidas a Bolivia como el resarcimiento de los daños a las víctimas por la crisis de 2019.
El procurador recordó que los hechos investigados datan de 2019 y que ya se han superado más de cuatro años sin resultados concluyentes. “Con este retraso se corre el riesgo de incumplir las recomendaciones del GIEI”, advirtió.
Señaló que un eventual incumplimiento podría derivar en “severas sanciones para el Estado boliviano” conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el país es parte.
Destacó que quienes deben pronunciarse con las víctimas del caso Sacaba, Senkata y los del tema caso Golpe de Estado I y II.
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“Este informe ha recomendado varias puntualizaciones. Promover actos públicos para reconocer la dignidad de las víctimas y la responsabilidad estatal de las vulneraciones de derechos humanos y apoyar las iniciativas de la sociedad”, recordó´.
El procurador también subrayó que el GIEI recomendó investigaciones de manera seria y que garanticen los derechos de las víctimas, así como juicios con sanciones correspondientes. “Particularmente esas recomendaciones han sido para el Ministerio Público y al Órgano Judicial”, precisó.
Aseguró que en algunos procesos ya había avances significativos, como en el caso Senkata que se encontraba en fase final. “Solo falta la declaración de los acusados. Una vez que declaraban, inmediatamente ingresamos a la fase de alegatos y conclusiones para llegar a sentencia”, explicó.
La CIDH y el Estado boliviano suscribieron en diciembre de 2019 un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia; además, las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los conflictos poselectorales.
