Tras haberse visto liberados de su detención preventiva por el caso Golpe de Estado I, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari todavía deben hacer frente a otros procesos iniciados en su contra.
El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) tiene solo un proceso más que enfrentar para ser puesto en libertad. Se trata de la investigación por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) en noviembre de 2019.
Pumari
De acuerdo con el Gobierno, Pumari fue identificado como el responsable intelectual de los destrozos a la infraestructura cuando ese año denunció que hubo fraude electoral. El cívico convocó a una concentración que terminó con las protestas y la quema del TED.
Por ello, en diciembre de 2021 se ejecutó una orden de aprehensión en su contra, por lo que ya lleva casi cuatro años privado de libertad. El viernes 29 de agosto, en Potosí, deberá realizarse la audiencia por el caso. En caso de lograr medidas sustitutivas, Pumari podrá volver libre a su hogar, tras haber recibido libertad pura en el caso Golpe de Estado I.
Camacho
Camacho, por su parte, tiene otros seis procesos, según su abogado, Martin Camacho. Uno de ellos se resolvió parcialmente este miércoles, pues recibió detención domiciliaria en el caso Paro de 36 días.
Ese proceso se inició contra el gobernador electo de Santa Cruz por las movilizaciones que encabezó, junto a otras autoridades cruceñas, en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda en 2022.
De acuerdo con el Gobierno, también se observó la quema y destrozo del ornato público, además de agresiones y actitudes racistas, por lo que se inició la investigación correspondiente.
Los otros cinco procesos están relacionados con hechos irregulares que se presentaron durante su gestión en la Gobernación de Santa Cruz.
Uno de ellos es el caso Decretazo, el cual se origina en el Decreto Departamental 373, firmado por Camacho en marzo de 2022 durante un viaje a Brasil. En el documento, asignó funciones a uno de sus secretarios, omitiendo al vicegobernador Mario Aguilera, lo que fue denunciado como una irregularidad administrativa.
Otro caso es el Carro Bombero. Este proceso judicial investiga la presunta adquisición irregular de un vehículo por parte de la Gobernación por un valor de Bs 1,7 millones que no habría cumplido con los requisitos técnicos exigidos por la Policía Boliviana y que no fue entregado en el plazo estipulado.
Según la denuncia, el contrato fue suscrito el 28 de enero de 2022 con la empresa AMB Representaciones, por invitación directa y sin licitación pública. La entrega estaba prevista para el 27 de junio de ese año, pero el vehículo llegó recién a fines de 2022, tras la disolución del contrato por incumplimiento.
El tercer caso es el del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), cuando durante su gestión como gobernador se lanzó una licitación pública para adquirir excavadoras, pero se adjudicó a la empresa más cara. De acuerdo con la denuncia, había dos empresas que cumplían todos los requisitos para la adjudicación y eran más económicas, por Bs 6 millones, pero se eligió, arbitrariamente, a la que costaba Bs 6,4 millones.
Un cuarto caso está relacionado con la malversación de fondos, también en su gestión en la Gobernación. Se investiga contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, sobrepago de planillas, entre otras “conductas antieconómicas”.
Finalmente, el último caso contra Camacho, es el conocido como caso Notaria o también denominado Firmas. Este proceso investiga irregularidades y falsedad ideológica, pues se observa una ficha de Camacho como si él hubiera estado presente, pero ya se encontraba detenido en Chonchocoro.
Procesos
Pese a que el gobernador interino de Santa Cruz, Mario Aguilera, asegura que Camacho cuenta con siete procesos en su contra, su defensa confirma solo cinco, pues algunos están incluidos dentro de un mismo proceso, como aquellos de presunta malversación.
Sin embargo, los abogados de Pumari y Camacho aclaran que ninguno de los exlíderes cívicos se encuentra involucrado en el caso Golpe de Estado II, ni en las masacres de Senkata y Sacaba, donde ni siquiera figuran como testigos.
