La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, aseguró este jueves que el Ministerio de Justicia actuará con total objetividad y en apego a la legalidad en el caso Consorcio y descartó cualquier tipo de injerencia en el proceso penal que investiga una presunta red de manipulación judicial.
“Queremos dar tranquilidad al Órgano Judicial y al Ministerio Público: no habrá ningún tipo de injerencia. Actuaremos con transparencia y dentro de nuestras competencias”, afirmó Ríos en conferencia de prensa.
Caso Consorcio
La funcionaria enfatizó que su despacho respetará la autonomía de las instituciones encargadas del caso. Además, dijo que toda actuación se enmarcará en lo que establece la normativa vigente.
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El caso Consorcio fue activado por una denuncia que reveló un intento de manipulación judicial con el objetivo de forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira. Según la investigación, una red integrada por jueces, funcionarios judiciales y abogados coordinó supuestas decisiones jurisdiccionales fuera del marco legal para beneficiar intereses políticos y personales.
Investigación
Durante el periodo en que el caso estuvo bajo reserva, por instrucción del Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia evitó intervenir para no entorpecer las diligencias. No obstante, con el levantamiento de la reserva, Ríos ratificó que su oficina podrá actuar conforme a sus competencias y colaborar en la búsqueda de la verdad.
Actualmente, hay ocho personas implicadas en el proceso, siete de ellas fueron identificadas y cumplen distintas medidas cautelares dictadas por la Justicia. Entretanto, una permanece prófuga y cuenta con mandamiento de aprehensión.
Entre los principales sindicados se encuentra el juez de Coroico Fernando Lea Plaza. Está acusado de ser una de las figuras clave de esta presunta estructura de consorcio judicial.
Implicados
En las últimas horas, la Fiscalía anunció nuevas citaciones a testigos, entre ellos vocales del Órgano Judicial. También dispuso el desprecintado del despacho del juez Lea Plaza como parte de las nuevas diligencias investigativas. El caso ha generado fuerte preocupación institucional por su alcance y las implicaciones que pueden tener para la independencia judicial en el país.
