El abogado Thomas Becker informó este viernes que se adelantó la salida de prisión de Arturo Murillo, exministro de la gestión de Jeanine Áñez, para el 21 de junio, por lo que espera su expulsión de Estados Unidos.
Indicó que para que llegue a Bolivia hay “algunos” caminos entre ellos la extradición, sin embargo, aseveró que lo más probable es la deportación o la expulsión.
El abogado ha aclarado que una persona que comete el delito “de alto nivel” como soborno o lavado de dinero en Estado Unidos “es deportada a su país”. Sugirió al Gobierno realizar un seguimiento a este proceso y monitorear para que no “escape” a un tercer país.
“No sabemos cuándo va a pasar y el Gobierno debe estar en contacto con los Estados Unidos. Lo más probable es que vaya a un centro de detención de migrantes y se lo libere en un par de días o meses. Esa no es una información como ciudadano gringo pueda conseguir, solo los gobiernos pueden conseguir la información”, señaló.
Explicó que, si Murillo pidió asilo a EEUU, el proceso puede durar meses y él esté en ese centro de detención de migrantes.
“No sabemos si pidió asilo, pero me imagino que sí. Él está tratando de evitar y no quiere regresar a Bolivia porque tiene tantos procesos”, manifestó.
En octubre de 2022, Murillo se declaró culpable de los delitos de soborno y lavado de dinero. En enero de 2023 la Justicia de EEUU lo sentenció a 70 meses (5,8 años) de cárcel.
Justicia
La Justicia de ese país señaló entonces que Murillo conspiró para lavar sobornos que recibió a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense a ganar un lucrativo contrato con el Gobierno.
En 2019, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez, el entonces ministro de Gobierno, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) de parte de la firma Cóndor.
Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones. De ese monto, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.
Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.
