La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni volvió a emitir una medida cautelar contra el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Esta vez, instruyó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que suspenda su habilitación para las elecciones generales del 17 de agosto y que cancele su personería jurídica.
La decisión fue comunicada mediante una resolución de complementación y enmienda, en la que el tribunal ordena de manera explícita al TSE que detenga la inscripción de candidaturas del MTS. “En procura de evitar un daño inminente, irreparable o irremediable a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de ambas partes (…), esta sala ordena, como medida cautelar, la suspensión de la participación del partido político Movimiento Tercer Sistema (MTS) en los comicios electorales del 17 de agosto”, señala el fallo difundido este jueves por la red DTV.
MTS
La medida tendrá vigencia hasta que el TSE cumpla con lo dispuesto en el punto 1 de la Resolución Constitucional 051/2025, emitida el 26 de julio. Si bien el contenido de esa resolución no fue especificado en el documento complementario, se ordena su cumplimiento inmediato y la notificación a las partes involucradas.
“Esta medida se dispone hasta que el Tribunal Supremo Electoral dé cumplimiento a lo ordenado (…) medida que deberá ser cumplida de manera inmediata por la autoridad accionada y comunicada a las partes”, añade la resolución.
TSE
La medida pone en vilo la participación electoral de Alianza Popular, tomando en cuenta que el MTS es la única de las tres organizaciones políticas que la conforman que cuenta con personería jurídica, requisito indispensable para poder ser parte de los comicios.
La acción judicial fue presentada por el activista cruceño Peter Erlwein Beckhauser y generó la paralización de la inscripción de candidaturas de Alianza Popular, el frente que postula presidencial de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado.
Se trata de otro fallo judicial que afecta a una organización política en carrera electoral, pese a los intentos del TSE por “blindar” el proceso de posibles “injerencias” de otros órganos del Estado.
