El ministro de Justicia, César Siles, confirmó este domingo que el quinto mandamiento de aprehensión es contra el diputado de Creemos Richard Ribera, dentro la investigación por la toma militar de la plaza Murillo el 26 de junio de 2024.
“El quinto mandamiento de aprehensión (es) contra el diputado Ribera, seguramente está en curso de ejecución. No tengo mayor información, sé que se ha emitido el mandamiento de aprehensión y no otros como se decía. Cinco sí fueron emitidos, son cinco ampliaciones de investigación que se presentaron, no solamente en estos días sino semanas atrás”, indicó la autoridad a los periodistas.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el sábado que de las cinco órdenes de aprehensión emitidas por el Ministerio Público, cuatro fueron ejecutadas por la Policía Boliviana y que «hay una orden de aprehensión que se encuentra pendiente».
«La Policía está realizando los seguimientos y el trabajo de inteligencia correspondiente para posteriormente lograr la aprehensión», señaló la autoridad.
El diputado Ribera, a través de un video que circula en las redes sociales, rechazó la acusación en su contra del “supuesto golpe de Estado” e indicó que estará firme para defenderse.
“A partir de mañana estaremos iniciando las acciones de defensa para poder demostrar mi inocencia. Estoy convencido que voy a seguir luchando porque se recupere la democracia y este tipo de abuso que nos tiene acostumbrado el Movimiento Al Socialismo es algo que no nos va a asustar”, indicó el legislador.
Por este caso, el viernes cuatro personas fueron aprehendidas, entre ellos el abogado Jorge Valda, el general de servicio pasivo Marco Bracamonte, el coronel de Ejército Mario Tanka y Bismarck Imaña.
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Tras la audiencia de medidas cautelares, la justicia dictó libertad irrestricta para el abogado Valda, en tanto, para Bracamonte, se dictó medidas sustitutivas y para Imaña la detención preventiva en la cárcel de San Pedro por un mes. Respecto al cuarto aprehendido, aún continúa con la audiencia de medidas cautelares.
Los aprehendidos fueron acusados por los delitos de terrorismo, atentado contra el presidente y otros dignatarios de Estado y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
El caso por la asonada militar del 26 de junio de 2024 fue abierto tras la toma de la plaza Murillo por militares a la cabeza del entonces comandante del Ejército, general Juan José Zúñiga.
Entonces, los militares intentaron ingresar a la fuerza al Palacio Quemado, tratando de derribar la puerta principal con una tanqueta. Zúñiga se insubordinó ante el presidente Luis Arce en el ingreso al Palacio Quemado, pero la situación no pasó a mayores.
Al final, el jefe militar huyó de la plaza y fue aprehendido, no sin antes implicar al mandatario. Hoy está detenido en la cárcel de El Abra, en Cochabamba.
Por este hecho, al menos 35 personas entre civiles y militares son investigados y 27 ya cuentan con una imputación formal por la Fiscalía.
