El abogado de Evo Morales, Nelson Cox, aseguró que el expresidente no tiene la obligación de presentarse a declarar en el caso Golpe de Estado I. Argumentó que la citación forma parte de una estrategia para dilatar el proceso y generar confusión en la opinión pública.
En entrevista con La Razón Radio, el jurista explicó que el momento procesal para probar la acusación ya pasó. “Nosotros nos ratificamos en la aclaración de que no corresponde ni la citación Evo Morales, ni la aprehensión, ni mucho menos que se presente en este proceso en el que ya está comprobada la comisión y solamente deben entrar a una fase de alegatos y culminar”, sostuvo.
Añadió que la citación de Morales, del actual presidente Luis Arce y de otras exautoridades es un intento de distracción por parte del gobierno para desviar la atención de la crisis económica.
Además, argumentó que no tiene sentido la convocatoria de Arce al no haber sido participe de la investigación, la acusación y “no tiene por qué participar en la fase final de este juicio oral”.
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El martes se conoció el comparendo judicial que convoca al expresidente Morales, además del actual presidente Luis Arce, el exvicepresidente Álvaro García Linera y al exministro de Gobierno Carlos Romero para que se presenten a declarar el lunes 31 de marzo.
El juez advirtió que en caso de “incomparecencia” se emitirá la correspondiente orden de aprehensión “en su contra”.
Ante la advertencia del juez, Cox afirmó que el equipo jurídico tiene mecanismos para evitar cualquier acción en contra de Morales.
Morales enfrenta al menos 14 procesos judiciales, según su abogado, todos supuestamente promovidos por el gobierno con fines políticos
A finales de 2020, la exdiputada Lidia Patty presentó una querella contra los políticos que “promovieron” la renuncia de Morales en noviembre de 2019, al que se denominó como Golpe de Estado I.
Entre los imputados están Luis Fernando Camacho, Marco Antonio Pumari, exjefes policiales y militares, quienes jugaron un papel particular en la crisis tras las elecciones de octubre de 2019, calificadas de “fraude” por la oposición y “manipulación dolosa” por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
