La Vicepresidencia del Estado aclaró que el vicepresidente David Choquehuanca no tiene relación alguna con organizaciones relacionadas a mercados de carbono.
“El vicepresidente David Choquehuanca no pertenece ni dirige ni está relacionado con ninguna fundación u organización no gubernamental (ONG) vinculada a créditos de carbono o financiamiento climático, por lo que rechazamos enfáticamente las acusaciones falsas e infundadas”, dice parte de un comunicado publicado en las redes sociales de la institución.
El exdirigente indígena Adolfo Chávez y la diputada de Creemos María René Álvarez cuestionaron al vicepresidente Choquehuanca por presuntos vínculos con entidades relacionadas con créditos de carbono.
Vicepresidencia
Sus declaraciones surgieron luego de que se revelara la participación de la supuesta nación Kailasa en acuerdos firmados con representantes de los pueblos indígenas Esse Ejja, Baure y Cayubaba.
Una investigación del diario El Deber expuso documentos en los que se menciona el arrendamiento de tierras “a perpetuidad”, lo que implicaría que comunidades indígenas bolivianas ceden derechos sobre sus recursos naturales y el espacio aéreo.
Ante esto, la diputada Álvarez afirmó en sus redes sociales: “El nombre del vicepresidente (David) Choquehuanca, o Jilata Choquehuanca, o gurú Choquehuanca, salta más de una vez en lo que se sospecha sería uno de los objetivos de esta secta en el mercado de bonos verdes”.
Denuncia
En respuesta a estas acusaciones, la Vicepresidencia emitió un comunicado en el que rechaza “contundentemente cualquier insinuación o afirmación sobre la recepción o negociación de recursos económicos provenientes de mercados de carbono por parte de esta institución”, y enfatiza que “todos los recursos económicos con los que opera la Vicepresidencia provienen exclusivamente del Tesoro General de la Nación (TGN)”.
Al respecto, el comunicado pide a las instancias competentes una investigación “completa” sobre las actuaciones realizadas, cuyas prácticas podrían constituir vulneraciones al ordenamiento jurídico nacional y una amenaza directa contra los territorios indígenas y ecosistemas de nuestro territorio y castiguen de manera ejemplar a los responsables.
