El Sentencia Constitucional 0113/2024, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró nula la sesión de la Asamblea Legislativa que presidió el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, tiene como fundamento en que el legislador usurpó funciones.
Por eso, el fallo declaró nulo el acto legislativo del 6 de junio de 2024.
Así, se dejó sin efecto el proyecto de ley sancionado que disponía el cese los magistrados electos en 2017 y cuyo mandato constitucional terminaba en diciembre de 2023. Sin embargo, dicha sentencia mantuvo vigentes las leyes referidas a un indulto para privados de libertad y un crédito de $us 176 millones.
TCP
¿Qué dice la interpretación de los cinco magistrados del TCP que firmaron el documento? Cuando el Vicepresidente asume temporalmente la Presidencia del Estado, debe desempeñar ambos cargos al mismo tiempo, según lo establece la Constitución. Esto se debe a que su rol es irreemplazable y no entra en conflicto con las funciones del Presidente. Además, no se vulnera la separación de poderes, ya que ambos cargos pertenecen al Órgano Ejecutivo.
El fallo, señala que, cuando el Vicepresidente asume temporalmente la Presidencia, puede seguir ejerciendo su cargo original y, por lo tanto, continuar presidiendo la Asamblea Legislativa (artículo 153.I de la CPE). Esto se debe a que su suplencia es solo temporal y no definitiva.
Este esquema, expuesto en una nota de Correo del Sur, solo cambia si la Vicepresidencia queda vacante por ausencia o impedimento, ya sea temporal o definitivo.
En este caso, no se demostró que esto ocurriera.
Asamblea Legislativa
Rodríguez, quien tomó ciertas decisiones en la Asamblea Legislativa, no presentó una notificación previa, escrita y con fechas específicas, que acreditara la ausencia del Vicepresidente por estar fuera del país. Al no cumplir con estos requisitos, su actuación carece de validez.
El TCP explicó que ambas leyes que se mantienen vigentes responden a necesidades fundamentales del país. El financiamiento vial busca mejorar la infraestructura y contribuir al crecimiento económico, mientras que la normativa sobre amnistía e indulto pretende reducir la sobrepoblación carcelaria y fortalecer la justicia restaurativa.
En este contexto, aunque se reconoció que el senador Rodríguez no tenía competencia para actuar en ese momento, se decidió mantener vigentes estos proyectos de manera excepcional, en función de principios como la eficiencia, el desarrollo económico y la dignidad humana.
