Este miércoles, al menos cinco marchas paralizaron la sede de Gobierno en rechazo a la situación económica que atraviesa el país. Transportistas interdepartamentales, prestatarios, trabajadores campesinos y juntas vecinales coincidieron en protestas en el centro paceño pidiendo soluciones al alza de precios y falta de combustibles.
Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que estas medidas obedecen a intereses políticos que buscan desestabilizar la gestión del presidente Luis Arce.
“Es parte de la estrategia que han venido buscando de desestabilizar al Gobierno, de todo ese tema. Lamentamos mucho; lo importante es garantizar la estabilidad del país”, señaló el ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz.
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La autoridad indicó que se entiende “el malestar que puede tener la población”, pero que parece que antes de querer salvar a Bolivia, como se escucha en algunos discursos, las movilizaciones “dan la impresión de primero querer destruirla”.
De acuerdo con Ruiz, el presidente Arce tuvo que enfrentar la gestión más electoralizada de la historia que ahora se agudiza ante la proximidad de los comicios del próximo mes de agosto.
El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, fue más crítico y señaló a Evo Morales como el articulador de estos movimientos, principalmente del de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari.
“¿El ganador de este conflicto quién sería? Evo Morales, porque todos estos movimientos piden la renuncia del Presidente”, afirmó en conferencia de prensa y dijo que la oposición “tontamente” cayó en el juego del exmandatario.
Asimismo, criticó las movilizaciones anunciadas para la próxima semana y las calificó como un “pretexto” para buscar la desestabilidad.
“Los paros indefinidos nunca son indefinidos, porque de algo tienes que vivir; y si ellos se quejan que no tienen ni para comer, ¿por qué entran a paro?”, cuestionó el viceministro en referencia a la medida de presión anunciada por transportistas.
Torrico indicó que el país está entrando en un escenario de conflictividad que, en su criterio, pone en riesgo la realización de las elecciones generales del 17 de agosto.
