La Defensoría del Pueblo, en coordinación de organizaciones de la sociedad civil, elaboró una propuesta enfocada a frenar y reducir el hacinamiento de la población penitenciaria, mejorar las condiciones de vida y la seguridad en las cárceles.
La propuesta se presentará para su consideración en el VII Consejo de Seguridad Penitenciaria que se realizará en Santa Cruz el 13 y 14 de marzo.
El proyecto resalta tres grandes temas de preocupación: crecimiento de la población privada de libertad; servicios estatales deficientes; y violencia.
Según la Defensoría, el documento inicia con el diagnóstico del crecimiento de la población de privados de libertad desde el 2020 hasta el 2024. De acuerdo con los datos, se evidencia un incremento desproporcionado de 17.305 en 2020 a 32.035 en 2024.
“Este crecimiento de la población penitenciaria está íntimamente relacionado al hacinamiento, uso excesivo de la detención preventiva, falta de separación y clasificación de las personas privadas de libertad; y la imposibilidad de ejecutar programas adecuados de reinserción social”, señala el documento.
La propuesta busca impulsar medidas estructurales como la aplicación de alternativas a la privación de libertad, limitando, por ejemplo, el uso de la detención preventiva.
Asimismo, plantea medidas paliativas como la aprobación de un Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto en el marco de las recomendaciones internacionales.}
Lea más: Defensor del Pueblo advierte que no se puede ‘judicializar’ la protesta
También considera “la realización de jornadas de descongestionamiento una vez por trimestre, cuidando que no se limite a la aplicación del procedimiento abreviado y considerando medidas sustitutivas a la detención preventiva y la aplicación de beneficios penitenciarios”.
Entre los otros puntos de “preocupación”, se identifica los “servicios estatales deficientes”, “con infraestructura precaria, falta de alimentación adecuada (retrasos en los prediarios), falta de oferta educativa-laboral y obstáculos en el acceso a la salud”.
“Considerando la escasez de recursos, se plantea como medida de ‘emergencia’ la construcción y ampliación de infraestructura recurriendo a mano de obra de los mismos privados de libertad, en aplicación del Decreto Supremo 5251 de octubre de 2024, aclarando que esta medida debe ser absolutamente voluntaria y en el marco de la reinserción social. En lo referente a los prediarios se pide que se tome ‘medidas urgentes para evitar retrasos en el pago, en cumplimiento del Decreto Supremo 1854, de diciembre de 2013’”, señala una nota de prensa de la Defensoría.
Sobre el punto de acceso a la salud, entre las propuestas se recomienda “garantizar que el examen médico inicial sea máximo dentro de las primeras 48 horas de ingreso al centro penitenciario”.
En el tercer punto hace referencia a la “violencia”. La propuesta identifica como problemas principales las deficiencias en seguridad, el autogobierno y la falta de rehabilitación y reinserción social.
De acuerdo al jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma, esta propuesta se envió de manera oficial a la Dirección General de Régimen Penitenciario para que la misma sea debatida en el encuentro de Santa Cruz.
