En su participación en la 58° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Luis Arce condenó este lunes los discursos y acciones que violan los derechos de los migrantes y rechazó todo intento de criminalizar la migración.
“No podemos dejar de mencionar nuestra condena a los discursos y acciones que violan los derechos de las y los migrantes. Rechazamos todo intento de criminalizar la migración y reafirmamos el invaluable aporte del migrante al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades en todo el planeta”, dijo Arce.
A ello, reafirmó que Bolivia “cree” en un multilateralismo “inclusivo, solidario y transformador” y apuesta por el diálogo en “igualdad de condiciones, la reducción efectiva de las brechas de desigualdad y la construcción de sociedades más justas y equitativas”.
Además, pidió a los estados reforzar el diálogo, la cooperación y la solidaridad para afrontar los problemas comunes y el camino debe ser el compromiso con el refuerzo del “multilateralismo efectivo”.
“Bolivia reconoce el papel fundamental del Consejo de Derechos Humanos como un espacio que, lejos de toda politización y dobles estándares, debe promover la universalidad, la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos individuales y colectivos”.
Arce también reafirmó el compromiso «irrenunciable» de Bolivia con la promoción y protección de los derechos humanos e indicó que desde el 2008 el país demostró acciones concretas en la defensa de los derechos humanos, en particular de las poblaciones “históricamente marginadas”.
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“Bolivia ha trabajado en la promoción del derecho al desarrollo, la garantía de una vida libre de violencia para mujeres, niñas y niños, la inclusión plena de las personas adultas, mayores y de aquellas con discapacidad”.
También, reivindicó como una prioridad los derechos de los pueblos indígenas y originarios, de las comunidades campesinas y afrodescendientes, así como de nuestra Madre Tierra.
En ese contexto, recordó que, en 2023, Bolivia junto con Cuba, Gambia, Luxemburgo, Sudáfrica, Kirguistán e Indonesia lograron la aprobación de la resolución para el establecimiento de un grupo de trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, avanzando en la implementación efectiva de la Declaración aprobada en 2018
Mencionó que este esfuerzo responde a una deuda histórica con quienes, a pesar de producir los alimentos que sostienen a nuestras sociedades fueron sistemáticamente excluidos de las estructuras de poder y protección internacional.
“La Declaración de los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales es un documento de avanzada en cuanto al reconocimiento de derechos y refleja asuntos prioritarios como el acceso a servicios básicos, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a un medio ambiente sano, a luchar contra la discriminación, entre otros temas relevantes a nivel global, para cerrar brechas entre ciudades y áreas rurales”.
El mandatario participó en el evento de la ONU vía virtual con un discurso que duró 10 minutos.
