La capital cruceña amaneció este lunes con una movilización de sectores productivos y gremiales en rechazo a la disposición séptima de la Ley 1613. Según los manifestantes, se trata de una normativa que afecta gravemente a los productores y comercializadores del país. El donominado paro movilizado fue calificado como «exitoso» por los dirigentes y anunciaron que marca el inicio de una serie de acciones escalonadas.
Edgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz, destacó la amplia participación en la movilización y confirmó que las protestas continuarán. «Hemos determinado que tenemos que seguir movilizados. Seguimos en emergencia y vamos a rumbo a otro ampliado multisectorial la próxima semana», afirmó. El dirigente explicó que las movilizaciones escalonadas comenzarán este jueves 16 de noviembre en Sucre y se extenderán a otras ciudades como La Paz y Cochabamba. Dijo que, en el transcurso, analizarán propuestas concretas para exigir la derogación de la polémica disposición.
Álvarez evaluó positivamente la jornada de este lunes. «Hemos calificado (la movilización) como exitosa. Han visto la cantidad de gente, del sector gremial, del sector productivo. Todos hemos salido a rechazar esta disposición». El dirigente fue enfático al señalar que «quien nos tiene movilizados es el gobierno», y advirtió que no descartan ninguna medida de presión.
Sectores condicionan diálogo
Por su parte, Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ratificó la firmeza del sector en su rechazo a la disposición séptima. «No nos vamos a sentar en una mesa hasta que no sea derogada. Si es derogada, al día siguiente estamos sentados viendo todas las exigencias de cada sector», declaró. El dirigente agropecuario recordó que ya habían advertido al gobierno sobre los riesgos de esta normativa en diciembre pasado, pero que no fueron atendidos.
Las movilizaciones en Santa Cruz contaron con la participación de diversos sectores, como el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), y federaciones de ganaderos, avicultores y productores de oleaginosas, entre otros. Los manifestantes recorrieron las calles del centro de la ciudad, pasando por instituciones gubernamentales como Impuestos Internos y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, donde expresaron su descontento.
Mientras tanto, el gobierno insiste en que la disposición séptima no afecta a los empresarios ni a los gremiales, sino que está dirigida a combatir el contrabando y la especulación. Jorge Silva, viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, reiteró que la normativa «no ha sido concebida para controlar y fiscalizar a los empresarios». Aseguró que se ha invitado a los sectores a trabajar en un reglamento que brinde seguridad jurídica. Sin embargo, estas declaraciones no han calmado los ánimos de los movilizados.
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