El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí por inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago.
La destitución de Jerí se inscribe dentro de la crisis institucional que vive el Perú desde las elecciones de 2016, cuando se desató un choque permanente de poderes entre un parlamento fuerte y un Ejecutivo débil en un contexto de fragmentación partidaria y ausencia de consenso político.
«La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república», anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, luego de la votación. Se necesitaban 58 votos para destituirlo.
El parlamento elegirá el miércoles a las 18h00 (23h00 GMT) a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio, señaló Rospigliosi.
Perú quedará acéfalo por más de 24 horas, de acuerdo a la decisión del Congreso, un caso inédito en la historia reciente de este país.
Jerí cayó en momentos que la fiscalía lo investiga por dos casos de presunto tráfico de influencias.
Su mandato finalizaba en julio y su tarea era garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril.
Jerí, de 39 años, fue jefe del Congreso hasta que el 10 de octubre reemplazó en la presidencia a Dina Boluarte, destituida en un juicio político relámpago en el que se alegó su incapacidad para resolver una ola de extorsiones y asesinatos a sueldo.
Afuera del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes llevaba carteles pidiendo apartar a Jerí por haber convertido el palacio presidencial «en un burdel».
«No es nuestro presidente, censura ya, censura inmediata», dijo a la AFP la comerciante María Galindo de 48 años.
Jerí enfrentó hasta siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición izquierdista y un bloque de partidos de derecha que buscaban removerlo por «inconducta funcional y falta de idoneidad» para ejercer el cargo.
«Ha decepcionado al congreso por los errores que ha cometido, el congreso se equivocó al elegirlo y podemos corregir el error», afirmó el legislador derechista Jorge Marticorena durante el debate.
«Este presidente no sirve, tenemos hartas cifras de sicariato y homicidios, las cifras no han bajado», dijo la izquerdista Susel Paredes.
Crisis institucional
«Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República», declaró Jerí en entrevista por televisión el domingo.
«Tener un nuevo relevo en la presidencia -el cuarto en el actual lustro político- no resolverá nada de la profunda crisis institucional que vive el país», dijo a la AFP el analista político Augusto Álvarez.
Además, «será difícil encontrar en el Congreso actual -con evidencia de mediocridad y sospecha sólida de corrupción generalizada- un reemplazo con legitimidad política», agregó.
La rapidez con la que se trama la censura fue vnculada con la campaña electoral, que registró un récord de más de 30 candidatos presidenciales.
«Los partidos que apresuran la destitución lo hacen porque creen que eso podría ayudarles a obtener más votos en la elección del 12 de abril», recalcó Álvarez.
El presidente de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien encabeza las encuestas, ha sido el más enfático en reclamar la renuncia de Jerí.
López Aliaga, simpatizante del presidente Donald Trump, ha señalado que «Jerí es operador de decenas de grupos chinos que entran a Palacio en masa».
Investigaciones
En la última década solo uno de siete mandatarios peruanos completó su mandato.
Luego de un inicio rutilante con una aprobación de casi 60% en los sondeos debido al impulso que dio a la lucha contra el crimen organizado, la popularidad de Jerí cayó a 37% en febrero.
Las críticas surgieron cuando la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por presunto «tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses» tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno. A ese encuentro Jerí acudió con el rostro cubierto.
Su situación se complicó este mes con otra indagación por «tráfico de influencias» ante su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.
