Después de un viaje de 15 días por tierra, en que sintió que podía infartarse por la altitud, la venezolana Giovaneska Escobar llegó a Chile. Por fin, estaba en el país donde ella y sus hijos pequeños resurgirían.
Pero cuatro años después, esta peluquera de 37 años vuelve a sentirse amenazada.
Sin opción de regularizar su situación en este país de 20 millones de habitantes, podría enfrentarse a una política hostil hacia los migrantes.
Cualquiera sea el ganador entre los favoritos para la elección presidencial del 16 de noviembre, soportará el trato hacia los indocumentados.
Una mayoría de chilenos asocia el aumento de la delincuencia con la migración irregular que se multiplicó en los últimos cinco años.
Y el deterioro de la seguridad es su principal preocupación, según encuestas.
El asunto está en el centro del debate en la campaña con propuestas que van desde la expulsión de los extranjeros en condición irregular, la construcción de un muro o la siembra de minas en la frontera.
«Sé que muchos venezolanos llegaron aquí y han dañado el país, pero hay otros que han venido a trabajar, a ganarse la vida. Ojalá que quienes se estén lanzando como presidente puedan darnos la oportunidad», clama Escobar a la AFP.
La comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast puntean en las encuestas para suceder al presidente izquierdista Gabriel Boric. Los derechistas Evelyn Matthei y Franco Parisi completan el cuadro de favoritos.
¿Cómo es el trato actual?
Escobar salió de Venezuela junto con sus dos pequeños, atravesó Colombia e ingresaron a Chile a pie por la frontera con Bolivia. En el crudo altiplano sentía que podía morir de un paro respiratorio.
«Fue una travesía, una aventura muy difícil, que si me preguntan, no lo volvería a hacer», describe.
El año pasado, la Fiscalía reportó 12 fallecidos por el llamado «mal de altura». En lo que va de 2025, suman ocho.
Unos 337.000 extranjeros, en su mayoría venezolanos, están en condición irregular en Chile, según la estadística oficial.
Sin embargo, pueden acceder a servicios de salud y matricular a sus hijos en el sistema público.
También emplearse en el comercio informal o como repartidores, guardias o jornaleros en el campo. No hay redadas migratorias.
Escobar se instaló en un edificio del centro de Santiago donde atiende a clientes. También peluquea a domicilio.
Expulsión a la vista
Sobre los indocumentados pende la amenaza de la expulsión bajo el próximo gobierno sin importar quién resulte electo.
El ultraderechista Kast es el más agresivo en su plan que incluye la construcción de un muro fronterizo y deportaciones masivas de familias.
«Quiero decirles (…) los que están en Chile en situación irregular, que empiecen a pensar qué es lo que van a hacer a futuro, porque regularizaciones masivas no van a haber», afirmó.
Matthei propone cerrar la frontera con Bolivia para los indocumentados.
Y Franco Parisi, candidato alineado con la derecha populista, plantea hasta sembrar «minas antitanques» en la zona limítrofe.
También desde la izquierda suenan las alarmas para los extranjeros sin documentos.
Jara, el aspirante de la coalición de centroizquierda afín al gobierno, pretende imponer un mayor control sobre esa población a través de un registro biométrico y expulsar a «quienes no se empadronen».
A diferencia de Kast y Matthei, evita convertir en delito la migración irregular.
La estudiante venezolana Katriela Yepez, de 22 años, llegó hace siete años a Chile. Pese a estar legal en el país, sufre por sus familiares que llegaron hace poco y no pudieron regularizarse: «mi temor es que los deporten».
Frontera insegura
La mayoría de quienes ingresan irregularmente a Chile lo hacen por la frontera con Bolivia, y llegan a la pequeña localidad aymara de Colchane, 2.000 km al norte de Santiago.
«Pasa contrabando, pasa de todo; no hay control de nadie. Ninguna medida ha sido eficaz», dijo la concejal de Colchane, Maribel Mamani, vía telefónica a la AFP.
La ola migratoria desencadenó inseguridad y llevó a que muchos abandonaran esta localidad. De los 2.000 pobladores que había en 2020 ahora quedan alrededor de 1.200, dijo Mamani.
El gobierno de Boric dispuso el envío de militares para reforzar el control migratorio.
El año pasado ingresaron por pasos no habilitados 29.269 indocumentados, casi la mitad de los que cruzaron hacia Chile en 2021, según datos oficiales.
Lea. Chile: Candidata Matthei promete cerrar la frontera a los irregulareshttps://larazon.bo/mundo/2025/10/13/chile-candidata-matthei-promete-cerrar-la-frontera-a-los-irregulares/
