La Fiscalía Federal de Argentina abrió oficialmente una investigación por supuesto espionaje ilegal tras la difusión de unos audios, que entre otras autoridades salpican a Karina Milei, la hermana del presidente y secretaria general de la presidencia.
El fiscal federal, Carlos Stornelli, impulsó la denuncia que hizo el Gobierno, pero explicó que los encargados del caso no violarán el secreto de las fuentes de periodistas.
La investigación se abre a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad sobre la filtración de grabaciones de Karina Milei.
El 29 de agosto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló una operación para desestabilizar a su gobierno en relación a los audios filtrados de la Secretaría General de la Presidencia. Adorni señaló que, si esos audios eran verdaderos, el país se enfrentaba a un “escándalo sin precedentes”.
El medio de comunicación Carnaval Stream filtró presuntas grabaciones de la hermana del presidente en los que llamaba a “estar unidos” en torno a la interna del partido Libertad Avanza, de Javier Milei.
“No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se oye en unos de los audios divulgados por Carnaval Stream, que le atribuyó a Karina.
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Espionaje
Entretanto, el juez federal Alejandro Patricio Maraniello ordenó el lunes la prohibición de la difusión de los audios. Maraniello pidió el cese únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación.
En paralelo, el Gobierno presentó otra denuncia ante los tribunales por la filtración de unas grabaciones de audio de la hermana del presidente. Que considera buscan desestabilizar al país.
Stornelli señaló que la investigación “hurgará” en las fuentes de periodistas, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice. Ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente aportar datos para descubrir la verdad.
En la denuncia del Gobierno, el Ministerio de Seguridad solicitó allanar el canal de streaming Carnaval, el primero que pasó los audios. Y también los domicilios de los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico, Pablo Toviggino y del abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano.
Según algunos medios de comunicación, la Casa Rosada persigue a periodistas y abogados con el insólito argumento. De que se trata de un complot tramado por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y hasta de la Asociación del Fútbol Argentino.
