La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una cuestionada ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000.
«Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y comités de autodefensa (civiles) en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia», dijo Boluarte durante una ceremonia en Palacio de Gobierno.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales consideran que la norma aprobada por el Congreso, por iniciativa de las fuerzas conservadoras, deja impunes delitos atroces y va directamente en contra de miles de víctimas.
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Ley de amnistía
Según la flamante ley, la amnistía se aplicará a uniformados y civiles que no hayan sido aún sentenciados por la justicia. También prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años.
La presidenta, quien batió récords de impopularidad y terminará su mandato en julio de 2026, rechazó las críticas a la amnistía.
«Nadie puede osar e insinuar a los agentes del Estado oa la sociedad peruana a subvertir las leyes de la República. Exigimos respeto», enfatizó.
En ese sentido, demostró que los críticos de la norma se ponen del «lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas».
Oídos sordos
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener «inmediatamente» el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley. Alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa el 9 de julio, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse a favor de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
