La Policía Federal de Brasil realizó este viernes un registro en la casa de Brasilia del expresidente Jair Bolsonaro, a quien se señala como responsable de financiar una campaña en Estados Unidos para defender la aplicación de sanciones contra autoridades y jueces.
Los investigadores sostienen que Bolsonaro utilizó hasta dos millones de reales para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de estas sanciones.
«Bolsonaro fue parte central de todo lo que está ocurriendo, algo que ha tenido un efecto determinado contra el país, en una clara interferencia en la independencia de los poderes y en la soberanía», han apuntado fuentes de la investigación al portal de noticias G1.
Tobillera
Es por ello que la Policía ha decido tomar medidas cautelares contra Bolsonaro, quien deberá llevar una tobillera electrónica y no podrá acercarse a embajadas ni utilizar redes sociales, así como comunicarse con otros implicados en la trama. Medidas que se suman a la retirada de su pasaporte.
Bolsonaro deberá estar en su residencia y no tener contacto con embajadores ni diplomáticos extranjeros, en un momento en el que algunas informaciones sugerían la posibilidad de que solicitara asilo a Trump.
Los registros se han realizado en su casa de Brasilia y en su oficina de la sede del Partido Liberal (PL). La Policía ha informado de que han encontrado dinero en efectivo –reales y dólares–, una memoria electrónica escondida en el cuarto de baño, mientras que su abogado ha confirmado que le han requisado el teléfono móvil.
Una ‘Suprema humillación’
Ya con la tobillera electrónica puesta, Bolsonaro ha vuelto a insistir en que está investigación es política y ha negado que tuviera intención alguna de salir de Brasil o de buscar refugio en ninguna embajada.
«Nada me coloca en un plan golpista que nunca existió (…) las sospechas son una exageración. Soy expresidente de la República, tengo 70 años, es una suprema humillación», ha dicho en declaraciones a los medios.
Por su parte, el juez del Tribunal Alexandre de Moraes está en desacuerdo y criticó «la osadía criminal» de un Bolsonaro al que ha recordado sus «varias publicaciones en redes sociales y declaraciones en los medios de comunicación que han atentado contra la independencia del sistema judicial».
En la decisión que ha emitido para dar luz verde a esta operación, el juez hace una recopilación de algunas de estas «graves» aseveraciones ante los medios con las que cuestiona la soberanía nacional e incluso «condiciona el fin de los aranceles a su propia amnistía».
‘Un gángster con toga’
Los hijos mayores del expresidente brasileño, Flávio, Carlos y Eduardo, han salido en defensa de su padre, de quien han dicho «que no se merece pasar» por todo esto, al mismo tiempo que han arremetido contra De Moraes, a quien han reprochado haberse «convertido en un gángster con toga».
Para Eduardo, el juez «usa el Supremo con arma personal de persecución política» y utiliza a Bolsonaro como «rehén» de sus intentos por «criminalizar» al Gobierno de Estados Unidos y Donald Trump. «Mantente firme, no nos van a callar», ha instado por su parte, Flávio, el mayor de sus vástagos.
Carlos, a su vez, ha señalado que la «persecución» y «censura» a su padre es una más de las que están padeciendo «miles de brasileños» por el hecho de «está en desacuerdo con este sistema podrido».
Mientras tanto, esta semana, la Fiscalía ha solicitado en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de Estado que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos.
Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que buscaba seguir en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.
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