Disidentes de las FARC retuvieron a 29 policías y militares, presuntamente con apoyo de pobladores, en un enclave guerrillero del suroeste de Colombia, informó este viernes el ministerio de Defensa.
En un comunicado la cartera denunció «la tentativa de homicidio y el posterior secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública» en el departamento del Cauca.
Según el ministerio, «pobladores instrumentalizados» por los guerrilleros participaron en el secuestro, en represalia a una ofensiva militar que lanzó en el gobierno para frenar el narcotráfico y la violencia en la región.
Videos publicados por las autoridades muestran una tanqueta que huye en llamas mientras un grupo de personas le tira piedras. En otros, se observa a policías antidisturbios lanzar granadas de humo y avanzar por una calle en medio de disparos.
Los hechos ocurrieron en los municipios de Argelia y El Tambo, zona donde se registra una de las mayores concentraciones de cultivos de coca, según la ONU.
El gobierno asegura que el Estado Mayor Central (EMC) es responsable de las acciones «ejecutadas con sevicia y vistiéndose de civil para infiltrarse y atentar contra la integridad» de los uniformados.
En un mensaje en X, el presidente Gustavo Petro sostuvo que el EMC actúa con «desespero y por eso utiliza la población civil».
«Su debilidad militar no le permite enfrentarse con el Ejército», añadió el mandatario izquierdista.
El EMC llevaba a cabo negociaciones de paz con el gobierno de Petro, pero se dividió en 2024 en dos facciones.
En esta zona opera la escisión bajo el mando de alias Iván Mordisco, que se apartó de los diálogos y aumentó su presión violenta contra las fuerzas estatales. La otra facción, dirigida por alias Calarcá, mantiene las conversaciones.
Los disidentes «no solo reclutan de manera forzada a menores de edad, sino que instrumentalizan y coaccionan a la población civil con el fin de expulsar a la Fuerza Pública y evitar que las instituciones del Estado brinden acceso a salud, educación, trabajo y oportunidades para la transformación del territorio», añadió el ministerio.
Colombia atraviesa su más grave ola de violencia en la última década, con distintos focos en el noreste y suroeste del país. La escalada pone en jaque la apuesta del gobierno de lograr el desarme de todos los grupos armados de Colombia, para desactivar un conflicto interno de seis décadas.
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