El congelamiento de la ayuda internacional de Estados Unidos al desarrollo ya paraliza varios programas para el combate al narcotráfico, la corrupción, el hambre y la desigualdad en América Latina, donde puede afectar a millones de personas, advirtieron expertos y oenegés.
El congelamiento casi total de estos fondos, así como el desmantelamiento progresivo de la Agencia estadounidense de ayuda al desarrollo (USAID) va a significar «muchos despidos (…) y hay muchas comunidades que se van a ver afectadas», estimó Juana García Duque, profesora en cooperación internacional en la Universidad de los Andes, en Bogotá.
La experta mencionó que estas ayudas en la región benefician a «millones de personas».
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América Latina
En 2023, USAID desembolsó unos 1.700 millones de dólares en América Latina y el Caribe, según las últimas cifras en Foreignassistance, sitio web que publica los datos de la ayuda internacional de Estados Unidos. Con esos fondos, la agencia financia oenegés, instituciones públicas y programas de Naciones Unidas.
Colombia, sometida a la violencia del narcotráfico y los grupos armados, es de lejos la primera nación beneficiaria. Le sigue Haití, acosada por las pandillas, y varios países de Centroamérica que se cuentan entre los más pobres de la región.
Alrededor de 25% de la ayuda de USAID Para América Latina se destinó a Colombia, en parte para la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC. Los fondos representan menos de 1% del PIB de ese país.
Pero para algunas naciones de Centroamérica, en cambio, la situación «es más difícil pues una gran parte de su economía depende de estos recursos externos», apuntó García Duque.
En Perú, donde USAID financia «programas alimentarios, antidrogas, (de) empleo, medio ambiente, salud y fomento de la democracia. Las ONG se verán obligadas a restringir proyectos» en caso de que se confirme el recorte de fondos. Así estimó Susana Chávez de la organización feminista Promsex.
Alarmante
En la Amazonía, «la deforestación va a crecer, el narcotráfico, la minería ilícita», alertó Oswaldo Muca Castizo. Se trata del coordinador general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
Los jóvenes que quedan sin oportunidades podrían unirse a bandas criminales que deforestan la selva para sembrar hoja de coca, explica.
En Bucaramanga, al noreste de Colombia, el impacto fue casi inmediato. La fundación Entre Dos Tierras, que ayuda a personas sin hogar y a migrantes, en su mayoría de la vecina Venezuela, debió cerrar.
Financiada en casi 80% por USAID, empleaba a 16 personas y distribuía unas 600 comidas cada día.
«Todo esto queda paralizado a raíz de que no hay los recursos y a la ciudad se le agrava la situación». Justo cuando acoge desplazados de la región de Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Por enfrentamientos entre guerrillas, afirmó Alba Pereira, directora de la Fundación.
«Las mujeres migrantes que están en embarazo solo se les va a atender el parto (…) no van a tener un control, un acceso a salud durante la gestación». Eso denunció Pereira que califica la situación de «alarmante».
