Bolivia ha sido declarado como el país más corrupto de la región y el segundo a nivel global según un estudio del World Justice Project (WJP). El especialista en temas de organización y funcionamiento del estado Carlos Bellot propone la creación de una ley de acceso a la información pública y la modificación de normas como la Ley 974.
“Hay un problema en la ley 974. Las unidades de transparencia deberían depender de la Procuraduría y no de cada gobierno. Asimismo, el gobierno central, los candidatos al Senado y Diputados, deben proponer aprobar de una vez la ley de acceso a la información pública. Todos los gobiernos dicen que la van a aprobar y hasta el momento no se aprueba”, explicó Bellot en entrevista con La Razón Radio.
Designación del Procurador
Para el experto el problema con la Ley 974, Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, radica en la dependencia que tiene la Procuraduría General del Estado con el gobierno de turno. A su juicio, la designación del Procurador debería ser una tarea que le compete a la Asamblea Legislativa y no al presidente del Estado ni su gabinete.
“En el gobierno de Jeanine Áñez, el Procurador había pedido un informe a Arturo Murillo. Él era ministro del gobierno en ese entonces, e inmediatamente él ha hecho que lo destituyan. Los candidatos al órgano legislativo, tendrían que proponer eliminar primero ese punto de la ley de la Procuraduría donde permite al presidente destituir al procurador”, explicó.
Una situación similar se vio durante el gobierno de Luis Arce. En 2021, Arce designó a Wilfredo Chávez, dos años después lo reemplazó César Siles, quien actualmente está siendo investigado por el caso Consorcio. Posteriormente, Siles fue designado como ministro de Justicia y fue Sydney Morales Medina quien asumió el cargo de forma interina. Desde diciembre del pasado año, es Ricardo Condori Tola quien se desempeña en el puesto.
Acceso a la información pública
Bellot, indicó que esta modificación debe ir acompañada de la aprobación de una ley que garantice el acceso a la información pública. La cual debe ser tarea de quienes conforman la Asamblea. “No nos olvidemos Nardi Suxo, antes de ser ministra, promovía una ley de acceso a la información pública. Y cuando ha llegado a ser ministra, no le han dejado aprobar una ley así. Todas las demás autoridades han querido aprobar y no les permiten aprobar. Porque esto depende del legislativo, no del Ejecutivo”
Ante la propuesta de un candidato de crear una institución de centralizar las compras y adquisiciones del estado, señaló: “Más bien es una estrategia de corrupción ¿Por qué quiere alguien centralizar todas las compras para eliminar la democratización de la corrupción? Lo que quiere es juntar de modo que va a comprar en uno por un monto altísimo y va a poder cobrar pues un soborno muy grande. Es centralizar el beneficio de la corrupción en una sola instancia”.
