YPFB Refinación S.A. denunció que recientes resoluciones judiciales emitidas en Santa Cruz podrían afectar la investigación y la recuperación de más de Bs 1.000 millones comprometidos en el denominado caso INDUESTE, relacionado con contratos para la provisión de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel.
Esquema cuestionado
En abril de 2024, durante la administración del Movimiento al Socialismo (MAS), el Directorio de YPFB Refinación S.A., modificó el Reglamento de Garantías para Procesos de Contratación, flexibilizando los requisitos para respaldar contratos de provisión de materia prima y permitiendo pagos anticipados millonarios sin garantías suficientes.
Bajo esta normativa, se firmaron dos contratos con Agroindustrial del Este – INDUESTE SRL, por más de Bs 1.000 millones para el suministro de aceite de soya, insumo clave en la producción de biodiésel. Sin embargo, la entrega real de materia prima fue sustancialmente inferior a lo pactado, lo que ocasionó un perjuicio económico millonario al Estado boliviano, propietario mayoritario de YPFB Refinación S.A.
Acciones legales y decisiones controvertidas
La administración actual de YPFB Refinación S.A., inició en 2026 acciones legales contra exfuncionarios de la gestión anterior y representantes de INDUESTE. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos provocados por decisiones judiciales cuestionables. En primera instancia, la jueza Ximena Flores, del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de Santa Cruz, aceptó una excepción de incompetencia presentada por INDUESTE. La audiencia donde se dictó esta resolución se realizó sin notificar a YPFB Corporación, accionista mayoritario, lo que compromete el derecho a la defensa y la legalidad del procedimiento.
La actuación de la jueza Ximena Flores genera especial preocupación, no solo por haber aceptado una excepción de incompetencia en una audiencia realizada sin notificación a YPFB Corporación, sino también porque, según documentación de respaldo, registra 14 antecedentes disciplinarios en su contra y denuncias relacionadas con faltas leves, graves y gravísimas, presunto prevaricato, negativa o retardo de justicia, resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros. En un caso de alto impacto económico para el Estado, estos elementos profundizan las dudas sobre la regularidad del procedimiento y la afectación al derecho a la defensa.
Esta decisión fue ratificada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, integrada por los vocales Reynaldo Sánchez Flores y Ernesto Aponte Rivera. La audiencia de apelación fue convocada de manera inusual, solo 72 horas después de la resolución inicial, sin que YPFB Corporación fuera notificada, profundizando la indefensión estatal.
Graves implicancias sociales
Estos acontecimientos evidencian deficiencias en el sistema judicial boliviano para tratar casos relacionados con corrupción y manejo de recursos públicos. Generan preocupación por la protección del patrimonio estatal y la transparencia institucional.
«Estamos ante un caso que involucra más de mil millones de bolivianos de recursos públicos bajo condiciones que demandan una investigación rigurosa y transparente. La justicia debe garantizar el debido proceso y la defensa efectiva del patrimonio de todos los bolivianos», afirmó Jorge Plaza, Director de Auditoría Interna YPFB Refinación S.A.
