La aprobación definitiva del proyecto de litio impulsado por la filial Simco, del Grupo Errázuriz, marcó un cambio en el mapa minero chileno y abrió paso al ingreso de un nuevo actor al estratégico Salar de Atacama, históricamente dominado por SQM y Albemarle.
Luego de 17 años de evaluaciones ambientales, disputas administrativas y procesos judiciales, el proyecto obtuvo luz verde tras la resolución favorable del Primer Tribunal Ambiental y la ratificación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), destrabando una de las iniciativas más complejas de la minería no metálica chilena.
Según el portal Redimin, de Chile, la propuesta contempla una inversión superior a los $us 600 millones y proyecta producir cerca de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE), consolidando a Simco como el tercer operador relevante del sector en Chile.
El proyecto se convirtió en un caso emblemático de las dificultades regulatorias que enfrentan las inversiones estratégicas en el país, especialmente aquellas vinculadas a la transición energética. Durante casi dos décadas debió superar observaciones ambientales, conflictos por pertenencias mineras y procesos de Consulta Indígena en el marco del Convenio 169 de la OIT.
Uno de los principales cambios respecto del modelo tradicional de explotación será el uso de tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), sistema que busca reducir el impacto ambiental mediante menor evaporación de salmuera y reinyección del recurso procesado para preservar el equilibrio hídrico del salar.
La incorporación de esta tecnología responde a las nuevas exigencias ambientales impulsadas por la Estrategia Nacional del Litio de Chile, que promueve operaciones de menor impacto en ecosistemas sensibles del norte del país.
El desarrollo se ejecutará bajo un esquema de asociación público-privada junto a Codelco y la futura Empresa Nacional del Litio, incorporando participación estatal en utilidades y mecanismos de supervisión ambiental.
Además, el proyecto contempla medidas de valor agregado industrial. Parte de la producción será destinada a precios preferenciales para empresas que desarrollen manufactura y componentes vinculados a baterías en la Región de Antofagasta, con el objetivo de fortalecer la industrialización local.
La iniciativa también incluye convenios con comunidades Lickanantay para programas de empleo, capacitación técnica e infraestructura hídrica. Según estimaciones preliminares, la construcción generará alrededor de 1.500 empleos y la operación requerirá cerca de 500 trabajadores permanentes.
Con el inicio de obras previsto hacia finales de 2027, el proyecto aparece como uno de los desarrollos más relevantes para la próxima década y como una señal para inversionistas internacionales sobre la viabilidad de nuevos emprendimientos de litio en Chile, pese a la complejidad regulatoria que caracteriza al sector.
