El fiscal Walter Lora informó este jueves que el Ministerio Público cuenta con pruebas suficientes para imputar al exgerente de Boliviana de Aviación (BoA) por un presunto daño de 14,4 millones de bolivianos.
La Fiscalía lleva adelante una investigación contra Casso, exmiembros del directorio de la aerolínea y el que fuera ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño.
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Pruebas
La investigación se centra en dos tipos penales: conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Según detalló Lora, los sindicados tenían la obligación de velar por el bienestar financiero de la empresa estatal.
El miércoles, la Policía aprehendió a Casso en Cochabamba y lo trasladó a la Paz para que responda ante la justicia del país.
La ruta de la discordia
El origen de la denuncia es la apertura de la ruta aérea entre Santa Cruz (Bolivia) y La Habana (Cuba). Según el fiscal, esta ruta fue autorizada por el directorio basándose en un informe del entonces gerente general, lo que posteriormente derivó en pérdidas económicas significativas.
«Se está indagando… toda vez que, en su condición de gerente general de BoA, el mismo tenía la obligación de brindar informes y velar por el bienestar económico de la empresa», explicó Lora.
Altos funcionarios implicados
El proceso investigativo no se limita a la parte ejecutiva de la aerolínea, sino que alcanza a la cabeza del sector.
«Se está investigando a todo el directorio, así como al gerente general y también al ministro de Obras Públicas de ese tiempo, el señor Edgar Montaño», precisó el fiscal.
La Fiscalía busca establecer las responsabilidades sobre la autorización de esta operación que provocó un déficit millonario a la empresa estatal.
