El investigador Roger Cortez advirtió que la Ley 1720 de Reconversión de Tierras puede profundizar el conflicto estructural por la tierra en Bolivia, en medio de tensiones sociales.
Durante una entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, sostuvo que la norma se inserta en un escenario marcado por disputas económicas, políticas y territoriales aún no resueltas.
Cortez explicó que el respaldo del agronegocio a la ley contrasta con el rechazo de sectores campesinos e indígenas que cuestionan sus efectos.
Ley 1720
“El júbilo del agronegocio no es casual, la presentan incluso como una nueva reforma agraria”, afirmó al analizar las reacciones a la norma.
Según el investigador, este apoyo genera suspicacias debido a los antecedentes de tráfico y mercantilización de tierras en el país.
Señaló que el problema va más allá del acceso al crédito, eje central del discurso gubernamental sobre la ley.
“El crédito es un problema más, no el problema troncal que incluye tecnología, insumos y acceso a mercados”, explicó.
Cortez indicó que la disputa por tierras involucra actores diversos, desde pequeños productores hasta grandes empresas vinculadas al mercado internacional.
Tierras
Advirtió que existe una dinámica de ocupación, comercialización y expansión territorial que ha sido impulsada por intereses económicos en distintos niveles.
“El tráfico de tierras ha sido el principal tráfico en el país en los últimos años”, sostuvo al referirse a la magnitud del fenómeno.
Asimismo, alertó sobre la presencia creciente de violencia asociada a estas disputas, incluyendo ocupaciones ilegales y conformación de grupos organizados.
El analista consideró que la ley puede convertirse en un factor adicional de conflictividad si no se revisan sus alcances y su implementación.
Polémica
“Se cierne la posibilidad de que el gobierno tenga que retroceder y ajustar la norma ante la presión social”, afirmó.
También cuestionó la falta de claridad en los argumentos tanto del Gobierno como de organizaciones que se oponen a la ley.
Cortez vinculó este escenario con debilidades políticas del Ejecutivo, como la falta de un bloque parlamentario sólido y una estrategia definida.
Finalmente, señaló que el país enfrenta un cuadro complejo donde la ley 1720 se suma a otros factores de tensión que incrementan la incertidumbre política.
