Según un foro de expertos, el auge de los precios internacionales de los minerales favorece a la expansión de estas actividades ilícitas, que incluso se utilizan como mecanismos para el lavado de dinero, reforzando su conexión con el crimen organizado a escala regional e internacional.
Santa Cruz fue sede de un foro internacional en el que expertos de cinco países analizaron el avance de la minería ilegal y su creciente vinculación con estructuras del crimen organizado en América Latina, una problemática que ya impacta con fuerza en el país en los ámbitos económico, social y ambiental.
El evento, denominado “La extracción minera ilegal ligada al crimen organizado en la región latinoamericana y cómo afecta a Bolivia”, se realizó este martes 5 de mayo en La Paz y contó con la participación de especialistas de Ecuador, Perú, Colombia, México y Bolivia.
Durante el encuentro, se advirtió que la minería ilegal dejó de ser una actividad marginal para convertirse en una amenaza estructural, con efectos directos sobre la economía, el medio ambiente y la seguridad de los Estados.
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Minerales
En el caso boliviano, el fenómeno se manifiesta con fuerza en regiones amazónicas, donde se reporta el uso indiscriminado de mercurio, maquinaria pesada y operaciones vinculadas a redes criminales internacionales, especialmente en la explotación de oro.
Asimismo, los expertos abordaron el impacto en la minería tradicional, donde el robo de minerales y la infiltración de organizaciones delictivas generan pérdidas millonarias y debilitan la seguridad jurídica del sector.
El foro fue impulsado por el Organismo Latinoamericano de Minería y organizado con el apoyo de Cumbre del Sajama S.A.. La iniciativa buscó encender una alerta regional sobre el avance de estas economías ilegales en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y México.
La jornada incluyó exposiciones magistrales y un conversatorio con expertos en análisis satelital, criminología, química forense y gestión ambiental, quienes abordaron temas como el monitoreo de actividades ilegales, las dinámicas del crimen organizado, los impactos ambientales y las respuestas institucionales frente a este fenómeno.
Como resultado, se prevé la elaboración de un documento con conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer la gobernanza de los recursos naturales y promover una minería responsable en la región.
