De las 67 empresas estatales que hay en el país, el 80% fue creado mediante Decreto Supremo, lo que evidencia una fuerte concentración de decisiones en el Órgano Ejecutivo, principalmente durante el gobierno del expresidente Evo Morales.
Las empresas creadas por ley son una minoría y corresponden, en su mayoría, a entidades históricas; en tanto, las estratégicas como Entel, eléctricas y petroleras surgieron por recuperación estatal o nacionalización, más que por nueva creación.
Entre las empresas históricas están Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Transporte Aéreo Boliviano (TAB), Transporte Aéreo Militar (TAM) y la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena).
Entre 2006 y 2022 el país atravesó una etapa de fuerte expansión estatal con la creación y reactivación de empresas públicas en sectores estratégicos, productivos y de servicios. En ese periodo surgieron entidades como Emapa, BoA, Ecebol, Mi Teleférico, la Agencia Boliviana Espacial (ABE), Papelbol y varias filiales de ENDE, además de procesos de recuperación de empresas eléctricas y energéticas.
Entre 2011 y 2015 se dio mayor énfasis a la industrialización. Durante ese periodo se impulsaron empresas orientadas a la transformación de recursos naturales y al desarrollo tecnológico, como YLB, Quipus, EBA, Yacana, Envibol, Kokabola, IBQ e IBAE, entre otras, las cuales buscaron agregar valor a la producción y fortalecer la industria interna.
Pese a estas iniciativas, el director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, reveló que 15 de las 67 empresas públicas del país se encuentran en quiebra técnica y acumulan pérdidas por Bs 2.655 millones.
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La información fue presentada junto al lanzamiento de la plataforma digital “Conociendo la Verdad”, un sistema abierto que centraliza datos financieros de 67 empresas —42 estatales y 25 mixtas— con el fin de transparentar su desempeño.
El martes, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, ya había anunciado que el Gobierno iniciará un proceso de evaluación integral de las empresas públicas en un plazo de 90 días.
Indicó que, tras ese periodo, se definirá el cierre y liquidación de aquellas que registren déficits y no cumplan criterios de sostenibilidad. “Hoy tenemos la Ley 466 que habla de empresas públicas y de su fortalecimiento. El gran problema es que en su mayoría son deficitarias”, señaló el ministro.
Añadió que el Gobierno ya inició un análisis sobre el uso de recursos en estas entidades y mencionó que aquellas creadas por decreto “se cerrarán por decreto” y “las creadas por ley tendrán que ser cerradas por ley”, por lo que consideró primordial el trabajo de la Asamblea Legislativa.
CIERRE.
Para el economista Luis Fernando Romero, “legalmente es posible cerrar o liquidar una empresa pública en Bolivia”. Explicó que, así como fue creada mediante decreto supremo por decisión del Gobierno, también puede ser modificada, fusionada o disuelta por una norma del mismo nivel.
“Esto se sustenta en el marco de la Ley N° 466 de la Empresa Pública, que regula su creación, funcionamiento y eventual cierre”, dijo. Sin embargo, advirtió que en la práctica el cierre no es automático ni sencillo, debido a que requiere un proceso técnico, legal y financiero que incluye auditorías, evaluación de activos, pago de deudas, resolución de contratos y tratamiento laboral.
Añadió que, si la empresa cumple un rol estratégico o social (como transporte o energía), el Estado suele evitar su cierre inmediato y optar por una reestructuración.
Entre las causales para cerrar una empresa, según Romero y de acuerdo con la norma, están la inviabilidad económica sostenida, el cumplimiento del objeto para el cual fue creada, pérdidas recurrentes sin posibilidad de recuperación o decisiones de política pública que determinen que ya no es necesaria. “Si la empresa pierde dinero de forma estructural y no genera valor económico o social, puede ser candidata a cierre”.
Otra causal, según indicó, es cuando la empresa genera riesgos fiscales sostenidos, es decir, cuando requiere transferencias constantes del Tesoro General de la Nación (TGN) sin perspectivas de mejora.
Además, pueden existir causas como mala gestión, ineficiencia operativa o cambios en el entorno económico. El economista detalló que varias empresas presentaron déficits elevados en 2025, como YLB (-Bs 231,7 millones), Mi Teleférico (-Bs 163,2 millones) y BoA (-Bs 138,1 millones). “Si estas pérdidas no se corrigen, se configura una causal técnica de inviabilidad”.
Añadió que, en estos casos, la normativa permite reestructuración, alianzas o cierre, dependiendo del análisis costo-beneficio.
Para el economista Carlos Schlink, el primer paso es identificar con precisión cuáles empresas están generando un “hueco financiero” para el Estado y cuáles aportan a la economía.
Indicó que, a partir de ese balance, se debe plantear la necesidad de cerrar la brecha entre las empresas sostenibles y aquellas que operan con pérdidas.
En ese marco, propuso avanzar inicialmente en cierres parciales, acompañados de una reducción significativa de personal en las deficitarias.
“La idea es mantener una estructura administrativa mínima que permita evaluar el impacto económico y social antes de tomar decisiones definitivas”, dijo Schlink.
Además, planteó otras alternativas según la situación de cada empresa: desde su liquidación o venta, hasta su fusión, devolución a otros esquemas productivos o eventual transferencia al sector privado.
“Incluso se abre la posibilidad de que inversionistas internacionales, empresas privadas o los propios trabajadores asuman la operación de algunas unidades productivas”, afirmó.
Según su visión, mantener el actual tamaño de las planillas en empresas improductivas profundiza el déficit estatal, por lo que consideró urgente aplicar medidas de ajuste mientras se define el futuro de cada entidad.
