El Gobierno presentó el martes el Presupuesto General del Estado Reformulado (PGE) para 2026, que proyecta un déficit fiscal de 9% y una inflación del 14% en un contexto de crisis económica, en el que persiste la falta de dólares.
El PGE presentado por el Gobierno de Luis Arce (2020-2025) el año pasado todavía está vigente; sin embargo, fue reestructurado y será enviado a la Asamblea Legislativa para su consideración.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el cálculo inicial del déficit, del documento que dejó el gobierno anterior, «pudo haber superado el 15%» del Producto Interno Bruto (PIB) en el caso de no haber puesto «bases sólidas y proyecciones claras».
En 2025, Bolivia cerró con un déficit fiscal del 12,2% resultado, principalmente, de la caída de los ingresos provenientes de los hidrocarburos y de una mayor generación de deuda
Espinoza explicó que para reducir esa cifra en esta gestión se eliminó el subsidio a los combustibles, que estuvo vigente desde hace más de 20 años, y se reduce el gasto público del Gobierno por alrededor de 4.100 millones de bolivianos.
Asimismo, señaló que el PGE reformulado ronda los 390.000 millones de bolivianos (55.714 millones de dólares).
En cuanto a la inflación, el Ejecutivo proyecta una tasa del 14%, lo que representaría una caída respecto a los niveles registrados en 2025, cuando superó el 20%.
Asimismo, Espinoza explicó que el análisis exhaustivo del presupuesto heredado permitió identificar ingresos inflados por 15.000 millones de bolivianos, gastos subdeclarados por 8.000 millones y proyectos de inversión por 4.800 millones que no podrían ejecutarse.
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Modificaciones
Entre las modificaciones principales anunciadas se encuentran:
- -La reducción del déficit fiscal: El presupuesto reformulado establece un déficit del 9% del PIB, frente al 15% que podría haberse registrado sin las correcciones.
- -La revisión de ingresos y gastos: Se eliminaron ingresos inflados, se ajustaron gastos previamente subdeclarados y se eliminaron proyectos de inversión sin viabilidad técnica o legal.
- -Mayor inversión social: Se asignan más de 1.000 millones de bolivianos adicionales a salud y educación, generando 3.000 nuevos ítems en educación, 2.400 en salud y 1.500 en seguridad.
- -Reducción de gastos corrientes del gobierno central: Se recortaron 4.100 millones de bolivianos en viáticos, pasajes y publicidad, recursos que se redirigen a la inversión social.
- -Mayor autonomía a gobiernos subnacionales: Se reformula el esquema de transferencias presupuestarias, permitiendo a alcaldes y gobernadores ejecutar su presupuesto de manera más rápida y eficiente, reduciendo los plazos de aprobación de 15 a 0 días en algunos casos.
- -Revisión de empresas públicas: La Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP) tendrá 90 días para evaluar la viabilidad de las empresas estatales, con la posibilidad de cerrar aquellas que no cumplan criterios técnicos y financieros.
Espinoza enfatizó que estas modificaciones permitirán una planificación más realista y sostenible de los recursos públicos y fortalecerán la transparencia en el manejo del presupuesto.
